Siete mujeres han sido asesinadas en Nicaragua en lo que va del año, algunas fueron violadas primero y otras sufrieron estocadas hasta que sus verdugos comprobaron que no respiraban más. Sus nombres no serán escritos en ningún cartel, ni gritados en alguna calle por ninguna activista exigiendo justicia este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
“A las mujeres en Nicaragua las han matado y las que viven, mandadas a callar”, denuncia una integrante de la Red de Mujeres Contra la Violencia.
La activista, que también es socióloga del organismo, señala que este año cumplen 15 años viviendo un alarmante deterioro de un sistema que debía protegerlas de la violencia machista. “Los derechos de la mujer en este país han sido devastados”, agrega. Recuerda que en octubre de 2006, la Asamblea Nacional penalizó el aborto, el primer golpe de muchos que vinieron después en contra de ellas. Hoy no se les permite ni marchar.
Martha Flores de Católicas por Derecho a Decidir, CDC, agrega que en el caso de las mujeres, han vivido en los últimos dos años bajo dos pandemias: “Una es la Covid-19 y la otra es la violencia machista. Ambas han matado”, menciona. “Pero la violencia contra las mujeres –explica — no es una enfermedad, es un acto en el que se demuestra que las mujeres estamos en desventaja ante esta cultura machista que cada día enluta a las familias”, advierte.
La impunidad que duele
¿Hay algo que celebrar hoy? –preguntamos—“No”, responde Flores rápidamente. “Hay mucho que denunciar”, agrega. Recuerda que hay una ley en Nicaragua que debe proteger a las mujeres, la 779, que casi no funciona, que el activismo es perseguido, que algunas organizaciones han sido anuladas al arrebatarles sus personerías jurídicas y que campea la impunidad de violadores y femicidas. Eso y más, como parte de un listado amargo de desafina este día en el que el mundo celebra a la mujer.
Si alguien vive en carne propia lo que dice Flores es doña María Alvarado. El femicidio contra su hermana Belinda Alvarado, perpetrado hace dos meses y medio, en la comunidad de Huehete, Carazo, duele como si tan solo han pasado horas. “No ha sido nada fácil para nosotros, vemos a los hijos de mi hermana sufrir su ausencia, es duro decirle a un niño de cinco años que su madre se ha ido para siempre”, comparte Alvarado.
Doña María dice que este “día duele”, porque las hace sentirse “burladas”. “Hoy las autoridades van a hablar de la mujer y sus derechos logrados, pero, ¿Cuáles? En el caso de mi hermana, le arrebataron lo más importante de todos, que es la vida y su asesino sigue sin responder ante ese crimen”, acusa.
Daniela Alvarado de tan solo 19 años ha tenido que dejar sus clases para asumir el rol de su madre en la casa y terminar de criar a su hermanito menor. Le ha sido imposible olvidar el día que mataron a su madre. “Nuestras vidas dejaron de ser las mismas”, asegura. “Nos arrebataron todo, mataron a mi madre”, lamenta.
Belinda Alvarado murió el 25 de diciembre del año 2021, luego de haber recibido una brutal paliza de parte de su cónyuge, tras una violenta discusión. Según el dictamen médico, cuatro tipos de traumas en la cabeza fueron las causas de su muerte. Es la fecha y el juicio contra el agresor no arranca.
En su comunidad la mujer era muy conocida. La recuerdan como una mujer activa y valiente, una defensora de derechos. Hay videos de ellas dando entrevistas en nombre de varias familias de Huehuete que demandaban al alcalde de Jinotepe a responder por la falta de agua potable. Era el año 2011 y lideró a un grupo de madres que se apostaron sobre la vía principal de la ciudad para presionar por soluciones. Algunos días después, las autoridades locales cedieron y anunciaron la construcción de un pozo que hoy en día abastece a más de 300 familias. “Esa era una vida valiosa”, dice su hija Daniela al recordar el episodio.
El desprecio a la vida de ellas
Según el observatorio de CDC, en el año 2021, 71 mujeres fueron asesinadas, y exactamente ocurrieron el mismo número de femicidios un año anterior a ese 2020.
Este año apenas cumplía una hora o dos de haberse estrenado cuando en la Costa Caribe, la sangre de una mujer fue derramada. Martha Alicia Robinson, fue asesinada por su expareja Bernardo Melecio Ruiz Chow, de quien estaba separada. Eran las primeras horas del primero de enero pasado.
La abogada, maestra y contadora viviría sus 35 años, de no ser porque su agresor llegó en busca de venganza porque ella había decidido el fin de su relación con él y hasta lo denunció ante la Policía, cansada de su violencia y sus amenazas. Pero el hombre estaba libre. Peor aún, si la policía hubiera acudido a un llamado de auxilio que sus familiares hicieron la madrugada que la mató, ella estaría viva.
La socióloga de la Red de Mujeres Contra la Violencia explica que ese desprecio por la vida se debe a que las autoridades de este gobierno desarticularon hace seis años la lucha preventiva contra la violencia machista. “La desaparición de las Comisarías de la Mujer con todo el sistema preventivo que estas tenían, no tiene nada que ver con cómo funcionan ahora, que solo son fachadas, sin una lógica de género y sin el acompañamiento interdisciplinario necesario para atender a la víctima a tiempo y evitar el crimen”, asegura la especialista.
La peligrosa desconfianza de la víctima
la Policía inició el cierre de las Comisarías de la Mujer con el cuento de que sus oficinas pasarían a ser una dependencia de la Dirección de Auxilio Judicial, DAJ. Antes de ésto, esa división policial tenía la tarea específica de combatir la violencia de género y lo hacían con apoyo de las organizaciones feministas.
En cada distrito de Policía, había además del equipo investigador de estos casos, un trabajador social y una fiscal que atendían las denuncias de mujeres violentadas, que las organizaciones feministas venían acompañando en comunidades y barrios. “Era un bloque efectivo, que no solo atacaba la violencia de género, sino que salvaba vidas de mujeres y niñas. Solo antes de esos años de cierre de las Comisarías, las muertes llegaron a bajarse a la mitad de la estadística de ahora, aunque creemos que no debería de haber ni una”, señala Flores.
El régimen Ortega-Murillo, el mismo que impulsó su cierre, se vio obligado a reabrir las Comisarías abrumado por un disparo histórico de casos de violencia contra la mujer. Comenzaba el año 2020 y el país se desangraba con las muertes de hasta dos y tres mujeres en un solo día en diferentes partes del país.
“El problema –dice la socióloga de la Red de Mujeres contra la Violencia– es que no reabrieron con la lógica de género con las que antes funcionaban. Fueron como una especie de parches y hacen más que trabajo preventivo con la mujer víctima, trabajo político, los militantes de cada zona están involucrados en esa atención y claro no hay confianza, peor, muchas veces lo que hay es complicidad. El agresor ha resultado amigo del secretario político y más bien se garantiza la impunidad”, denuncia.
Flores cree que se trata de un asunto de abuso de confianza en este sistema. “Si no hay un tratamiento integral no hay una solución, la mujer no siente que les estén ayudando y siguen buscando apoyo en las organizaciones de mujeres que casi trabajan en clandestinidad, bajo persecución y sin fondos para llevarles ayuda para que salven sus vidas”, dice.
Para las organizaciones, hay un número que demuestra esa falta de confianza en el sistema: los femicidios frustrados. “Se han registrado casi 40 de estos casos”, explica Flores. “Pero eso es lo que hemos sabido, hay subregistros aquí, sabemos de mujeres que no denunciaron, no están visibilizadas ni ella ni su tragedia”, le añade otra activista de las organizaciones que trabajan con las mujeres.
