La Unión Europea y el Gobierno de Estados Unidos anunciaron más sanciones contra funcionario y allegados de la dictadura entre los que se cuentan hijos del matrimonio dictatorial, militares, magistrados electorales y alcaldes, todos “castigados” por contribuir a la consolidación de la dictadura y estar directamente vonculados a la violación de los derechos humanos.
La primera en anunciar las medidas fue la UE que notificó que el Consejo de esa instancia transnacional que agrupa a 27 países del viejo continente, sancionó a siete funcionarios de la dictadura de Daniel Ortega y a tres instituciones. La medida fue tomada porque todos los castigados están relacionados con el deterioro de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua.
Los sancionados son: Camila y Laureano Ortega Murillo hijos de la pareja residencial. Además, los magistrados electorales Brenda Rocha, Cairo Amador y Lumberto Campbell. La lista incluye al Presidente de la Superintendencia de Bancos Luis Ángel Montenegro y a Nahima Díaz, hija del director de la Policía Orteguista Francisco Díaz.
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Las instituciones sancionadas son: el Consejo Supremo Electoral (CSE), la Superintendencia de Bancos y Telecomunicaciones y Correos (Telcor). En total, la Unión Europea ha sancionado a 21 personas y tres entidades.
Todos los sancionados son señalados de ser responsables de contribuir a la consolidación de la dictadura y de graves violaciones de los derechos humanos, entre ellas la represión de la sociedad civil, el apoyo a las elecciones presidenciales y parlamentarias fraudulentas en las que Ortega se designó un nuevo periodo en el Gobierno además del menoscabo a la democracia y el Estado de derecho.
Las medidas tomadas por el Consejo Europeo incluye congelación de activos, y prohibición a los ciudadanos y empresas de los países que pertenecen a la UE tener algún tipo de relación económica con los sancionados.Además, los incluidos en la lista de sanciones tienen prohibido visitar o transitar por el territorio de esos países.
Las sanciones de EE.UU.
De igual manera, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó, también este 10 de enero, a seis funcionarios de la dictadura de Nicaragua.
Las sanciones caen sobre militares en retiro y activos a la ministra de Defensa, al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo (TELCOR), y a la estatal Empresa Minera Nicaragüense (ENIMINAS).
Los nuevos integrantes de la lista de “delincuentes internacionales” de la OFAC son: el mayor general Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, jefe del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua y miembro de la junta directiva del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM); el general de brigada, Bayardo De Jesús Pulido Ortiz, jefe de la dirección de de personal y cuadros del Ejército de Nicaragua y también de la junta directiva del IPSM.
También fueron sancionadas, Rosa Adelina Barahona, que funge como ministra de Defensa, Celina Delgado Castellón, directora general adjunta de TELCOR, y miembro del consejo de administración de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL y Nahima Janett Díaz Flores, directora general de TELCOR e hija del comisionado general Francisco Díaz, director de la Policía Nacional.
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Las medidas incluyen a mayor general en retiro, Ramón Humberto Calderón Vindell, ex presidente de la junta directiva de la empresa estatal nicaragüense Petróleos de Nicaragua y presidente de la junta directiva de las ENIMINAS.
“Los Estados Unidos y nuestros socios están enviando un mensaje claro al Presidente Ortega, al Vicepresidente Murillo y a su círculo íntimo de que seguimos apoyando al pueblo nicaragüense en sus peticiones de liberación inmediata de estos presos políticos y de retorno a la democracia”, dijo el gobierno de Bidem al anunciar las sanciones.
Además, para endurecer sus medidas tomadas por la OFAC, el Departamento de Estado también anunció que se imponen restricciones de visado a individuos cómplices de socavar la democracia en Nicaragua, incluyendo alcaldes, fiscales y administradores universitarios, así como funcionarios policiales, penitenciarios y militares. En total fueron incluidos en estas restricciones 116 operadores y colaboradores de la dictadura.
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El anuncio fue hecho por el secretario de Estado Antony Blinken quien aprovechó para decir que “el Departamento de Estado está tomando medidas para imponer restricciones de visado a 116 individuos cómplices de socavar la democracia en Nicaragua”.
“Estamos llevando a cabo estas sanciones económicas y restricciones de visado para promover la rendición de cuentas por la escalada de autoritarismo y abusos del régimen Ortega-Murillo”, explicó el Departamento de Estado.
