En un alarmante acto de persecución religiosa, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ordenado el congelamiento de las cuentas bancarias de la Iglesia católica en Nicaragua. Esta medida afecta a las nueve diócesis del país y a las parroquias, en un claro intento de socavar la influencia y el poder económico de la institución religiosa.
El congelamiento de las cuentas bancarias fue confirmado por fuentes eclesiales, quienes revelaron que las entidades financieras recibieron la orden gubernamental de bloquear los activos de la Iglesia. La Diócesis de Managua, una de las más importantes del país y liderada por el Cardenal Leopoldo Brenes, ha sido una de las más afectadas por esta medida. También se han reportado bloqueos en las cuentas de la Diócesis de Matagalpa, así como en las de León y Chinandega.
La congelación de activos ha generado una situación de incertidumbre y dificultades financieras para la Iglesia católica en Nicaragua. Los sacerdotes se han visto imposibilitados de acceder a los fondos necesarios para mantener el funcionamiento de las parroquias, pagar compromisos y cubrir gastos básicos como servicios y planillas.
Esta medida represiva se suma a una serie de ataques y agresiones que la Iglesia católica ha enfrentado en Nicaragua en los últimos años. Según un estudio titulado «Nicaragua, una iglesia perseguida», realizado por la abogada e investigadora Martha Patricia Molina, durante el año 2022 los católicos sufrieron 161 agresiones, que incluyeron profanaciones de templos, arrestos, despojo de nacionalidad, destierro de sacerdotes y acoso policial. En lo que va del año 2023, más de 3.000 procesiones han sido prohibidas, especialmente durante la Semana Santa, evidenciando un período de persecución religiosa sin precedentes desde el estallido social de 2018. En total, el régimen de Ortega y Murillo ha perpetrado 529 ataques contra obispos, templos y laicos.
Las preocupaciones sobre la confiscación de propiedades de la Iglesia católica también han surgido, ya que un abogado defensor de derechos humanos, en condición de anonimato, ha señalado que el régimen podría tener como objetivo confiscar templos y otras propiedades eclesiásticas, al igual que ha ocurrido con asociaciones y universidades católicas. La abogada Molina advirtió anteriormente sobre este patrón represivo, habiendo documentado la confiscación de siete edificios y la expulsión de 32 religiosas de diferentes congregaciones.
Ante esta preocupante situación, la libertad religiosa en Nicaragua se encuentra amenazada. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos han manifestado su condena a la persecución religiosa y han instado al régimen de Ortega y Murillo a respetar la libertad de culto y garantizar el ejercicio de la religión católica en el país.
La Iglesia católica, por su parte, ha reaccionado ante estas acciones represivas del gobierno nicaragüense. El Cardenal Leopoldo Brenes, líder de la Diócesis de Managua, convocó a una reunión de emergencia con sus sacerdotes para abordar la situación y buscar soluciones ante el bloqueo de activos.
La comunidad católica en Nicaragua ha expresado su preocupación y solidaridad con la Iglesia en medio de esta creciente persecución. Los fieles han sido notificados sobre la situación y se les ha instado a no realizar transferencias a las cuentas de las parroquias debido al bloqueo de las cuentas bancarias.
El congelamiento de las cuentas bancarias de la Iglesia también ha generado críticas y denuncias por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Se considera que estas acciones representan una clara violación a la libertad religiosa y a los derechos fundamentales de los ciudadanos nicaragüenses.
Es importante destacar que esta no es la primera vez que el gobierno de Ortega y Murillo ataca a la Iglesia católica y restringe sus actividades. En los últimos años, se ha registrado un aumento en la represión hacia líderes religiosos, cierre de medios de comunicación afiliados a la Iglesia y confiscación de propiedades eclesiásticas.
La situación actual plantea el temor de que el gobierno nicaragüense esté preparando el terreno para la confiscación de templos, siguiendo el patrón de otras propiedades católicas administradas que han sido anuladas y pasadas a ser propiedad del Estado.
La comunidad internacional ha instado al gobierno de Nicaragua a detener la persecución religiosa y respetar los derechos humanos. Se espera que los líderes mundiales y las organizaciones defensoras de la libertad religiosa continúen presionando para poner fin a estas acciones represivas y garantizar la libertad de culto en el país.
En resumen, la congelación de las cuentas bancarias de la Iglesia católica en Nicaragua por parte del régimen de Ortega y Murillo representa un grave ataque a la libertad religiosa. Esta medida se suma a una serie de acciones represivas contra la Iglesia y evidencia una preocupante tendencia hacia la confiscación de propiedades eclesiásticas. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos continúan exigiendo el respeto a los derechos fundamentales y el fin de la persecución religiosa en Nicaragua.
