Roberto Cajina, experto en seguridad: “La policía debe ser desmantelada”

Roberto Cajina, experto en seguridad: “La policía deberá ser desmantelada”

Para el experto ha institución policial deberá ser desmantelada por dos razones: por su íntima relación con el régimen y por los crímenes que cometieron a partir de abril de 2018 contra la población.

Emiliano Chamorro Mendieta

La decisión del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de inundar las calles y espacios públicos de  policías armados con armas de guerra, es para el experto en seguridad, Roberto Cajina, un mensaje directo de terror a la ciudadanía, para evitar cualquier indicio de levantamiento social como el de abril de 2018.

“Inundar las calles y los espacios públicos de policías orteguistas no es ninguna estrategia para garantizar seguridad ciudadana, más bien es para continuar violentando los derechos humanos ciudadanos y llevar un mensaje de miedo, temor y terror para enviar, además, el mensaje de he recuperado las calles, las calles son mías”, sostiene el experto al hacer una valoración de porque los espacios públicos del país están controlado por la policía de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

A raíz de abril de 2018, el gobierno de Ortega perdió las calles ante la explosión ciudadana que exigía la salida del gobierno Ortega-Murillo del poder, luego de protestas sociales por el rechazo de la población a unas reformas del Seguro Social.

La revolución cívica de abril hizo tambalear a las estructuras del gobierno, quién al no poder sofocar la hidalguía ciudadana, el gobierno armó a civiles  en complicidad con la policía para aplastar las protestas sociales, causando la muerte de manera violenta a más de 320 ciudadanos. La violencia estatal también produjo miles de heridos, desaparecidos y miles tuvieron que abandonar el país.

“Ver a tantos policías en realidad es una práctica represiva. En los años 80 a esto se le llamaba profilaxis, pero técnicamente eso es disuasión para crear a la población el temor de que la presencia de la policía en la calle no le garantiza a nadie seguridad  y entonces Ortega  con esto también advierte aquí está el poder”, expresa el experto.

Policía garantiza seguridad al régimen

De acuerdo a Cajina después de la crisis de abril, la fuerza policial se definió al entregarse totalmente a las manos de los Ortega-Murillo.

“Por eso es que el nombre de Policía Orteguista les cae como anillo al dedo; pues eso son, ya que se convirtieron en la policía del régimen”, señala  Cajina.

Sin embargo, el experto recuerda que es en el 2014, que la entonces directora de la Policía Nacional, la primer comisionada general, Aminta Granera, es quién durante una reforma le entregó la institución policial al presidente, Daniel Ortega, quien pasa a convertirse en su jefe supremo.

“La policía se embarca con la Aminta Granera a la cabeza en el proyecto político de Daniel Ortega y se la entrega en la reforma a la Ley 228 en el 2014. Atrás quedaba todo aquel profesionalismo que la institución había logrado en los 90 y parte del dos mil. Por tanto, Aminta, es responsable, además de los sucesos sangrientos de abril de 2018, por los cuales tendrá que pagar ante la justicia, por  los crímenes y la represión policial”, advirtió Cajina.

Policía deberá ser desmantelada en próximo gobierno

Ante el desprestigio que Ortega le ha imprimido a la imagen de la fuerza policial, a criterio de Cajina, el próximo gobierno de Nicaragua deberá desmantelar a la policía y convertirla en una institución supeditada a la ley y a la autoridad democrática.

“La policía deberá ser desmantelada en un próximo gobierno democrático, pero eso deberá ser de inmediato. Mi propuesta de solución es radical hay que desmantelar esta policía para destruir la reforma del 2014 y quitarle esa identificación roja y negra”, sostuvo Cajina.

De acuerdo al experto en tema de seguridad hay dos razones de peso para que la policía de Daniel Ortega y Rosario Murillo deberá ser desmantelada.

“Para mi existen dos razones para que esta policía de Ortega sea desmantelada; una por su íntima y estrecha relación con el régimen y por la criminalidad contra los ciudadanos en 2018 que constituyen crímenes de lesa humanidad en el que el primer responsable es Daniel Ortega, la Aminta Granera y otras instituciones como la Fiscalía, la Corte Suprema, entre otras instituciones”, señaló Cajina.