El régimen del presidente Daniel Ortega continúa llevando a cabo acciones represivas contra los opositores en Nicaragua. En esta ocasión, el Ministerio de la Gobernación ha eliminado la personalidad jurídica de un canal de televisión opositor y ha cerrado 20 nuevas organizaciones no gubernamentales (ONG). Estas acciones se justifican por supuestos incumplimientos en los reportes financieros y por acusaciones de intento de derrocamiento contra el gobierno.
El canal afectado es la Fundación Cristiana de Televisión Enlace (Enlace Canal 21), dirigido por Guillermo Osorbi, ex diputado y candidato presidencial por el partido Camino Cristiano Nicaragüense (CCN) en las elecciones de noviembre de 2021. Este canal ha sido una de las voces principales que denunciaron fraude electoral en el país.
La decisión de ilegalizar el canal, cuyas actividades datan desde octubre de 2008, fue aprobada por la titular del Ministerio de la Gobernación, María Amelia Coronel, quien argumentó «incumplimientos» en los reportes financieros del periodo 2021 al 2022. Sin embargo, esta justificación es comúnmente utilizada por el régimen para disfrazar la persecución contra las voces opositoras.
Cabe destacar que esta no es la primera vez que el Canal 21 enfrenta problemas con las autoridades. En noviembre de 2021, también tuvo su licencia cancelada el mismo día en que el partido CCN denunció un adulteramiento en las cifras de votantes, alegando un fraude electoral que favoreció al gobierno sandinista.
Además del cierre del canal opositor, el régimen de Ortega también ha disuelto otras 20 ONGs. Entre ellas se encuentra la Fundación de Desmovilizados y Víctimas de Guerra de los 80s SMP, una agrupación de ex combatientes sandinistas. Según el Ministerio de la Gobernación, estas acciones se deben a incumplimientos en los reportes financieros y al vencimiento de las juntas directivas.
Sin embargo, la disolución de estas organizaciones forma parte de una serie de medidas represivas tomadas desde las protestas de abril de 2018, en las que los ciudadanos salieron a las calles exigiendo el fin del régimen y fueron reprimidos violentamente por las autoridades. Hasta el momento, se estima que al menos 3.400 ONGs han sido disueltas en Nicaragua.
Las autoridades gubernamentales justifican estas acciones argumentando que algunas de las organizaciones utilizaban sus recursos para intentar derrocar a Ortega. Además, señalan que se trata de un proceso de ordenamiento, ya que no todas las 7.227 ONGs registradas en el país están realmente en funcionamiento.
Tras conocerse la decisión, el Ministerio de la Gobernación anunció que la Procuraduría deberá proceder a la liquidación del patrimonio de las organizaciones disueltas. Esto implica que, excepto en los casos en que la disolución haya sido por iniciativa propia, los bienes muebles o inmuebles de estas organizaciones serán transferidos al
Estado de Nicaragua. Esta persecución y disolución de medios y organizaciones opositoras representa una clara violación a la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la participación ciudadana en el país.
La eliminación de un canal de televisión opositor en el marco del 30 aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa es una señal preocupante de la falta de respeto del gobierno nicaragüense hacia los principios democráticos y los derechos fundamentales de sus ciudadanos. La censura y el cierre de medios críticos son tácticas utilizadas para silenciar las voces disidentes y consolidar el control del régimen sobre la información.
Asimismo, el cierre de 20 nuevas ONGs, incluyendo aquellas que habían solicitado su disolución voluntaria, demuestra la voluntad del gobierno de Ortega de eliminar cualquier forma de organización independiente que pueda cuestionar su autoridad. Estas organizaciones desempeñan un papel crucial en la defensa de los derechos humanos, la promoción de la democracia y el desarrollo social en el país.
Es importante destacar que estas acciones represivas no son un hecho aislado, sino que forman parte de un patrón sistemático de persecución y represión contra la oposición en Nicaragua. Desde las protestas de 2018, el gobierno ha utilizado la fuerza y la represión para sofocar cualquier forma de disidencia, incluyendo detenciones arbitrarias, violencia policial y restricciones a la libertad de expresión.
La comunidad internacional no puede quedarse en silencio ante esta situación. Es fundamental que los gobiernos y organismos internacionales condenen enérgicamente estas acciones represivas y exijan al gobierno de Nicaragua el respeto de los derechos humanos, la libertad de expresión y la libertad de asociación.
La disolución de un canal de televisión opositor y el cierre de 20 nuevas ONGs en Nicaragua representan un grave retroceso en la democracia y el respeto a los derechos humanos en el país. Es responsabilidad de la comunidad internacional defender y proteger estos valores fundamentales y apoyar a la sociedad civil nicaragüense en su lucha por la democracia y la justicia.
