En una impactante denuncia, la investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina reveló que el gobierno de Daniel Ortega ordenó congelar la cuenta bancaria destinada a los sacerdotes jubilados, administrada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Esta cuenta, conocida como el «Fondo Nacional del Seguro Sacerdotal», se creó hace más de dos décadas con el propósito de asegurar un fondo de retiro para los sacerdotes. Sin embargo, se ha convertido en blanco de las acciones represivas del régimen, dejando a los sacerdotes jubilados en una situación desesperada.
Según Molina, el fondo de retiro se nutre de aportes anuales de 150 dólares por parte de los sacerdotes activos, parroquias e instituciones eclesiásticas, además de las donaciones recolectadas en una colecta realizada en las iglesias durante el Miércoles de Ceniza. El propósito noble de garantizar una pensión de 300 dólares mensuales para los sacerdotes mayores de 75 años y 150 dólares para aquellos de 65 años o más se ha visto truncado por el bloqueo de los fondos.
Esta situación ha llevado a los sacerdotes jubilados a la desesperación, ya que no pueden cobrar sus pensiones y se enfrentan a una realidad dramática. Es solo una de las múltiples acciones del régimen para asfixiar y acorralar a la Iglesia católica de Nicaragua, una voz disidente en medio de una situación de gran tensión y represión.
No es la primera vez que el gobierno de Ortega toma medidas en contra de la Iglesia católica. A fines de mayo del año pasado, se ordenó congelar las cuentas bancarias de al menos tres de las nueve diócesis de la Iglesia católica nicaragüense, acusándolas de «lavado de dinero». La tensión entre el gobierno y la Iglesia ha llevado incluso a la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas y la suspensión de relaciones diplomáticas.
El papa Francisco, en una entrevista con Infobae, no dudó en calificar al gobierno sandinista como una «dictadura grosera», evidenciando el creciente desequilibrio que vive el país centroamericano bajo el liderazgo de Ortega.
Ante esta preocupante situación, la Conferencia Episcopal de Nicaragua aún no ha emitido una declaración oficial, lo que aumenta la incertidumbre y el temor entre los fieles y los sacerdotes retirados.
El bloqueo de fondos destinados a los sacerdotes jubilados es un claro ataque a la libertad religiosa y un golpe a la Iglesia católica nicaragüense. Es imperativo que la comunidad internacional tome nota de estas acciones y exija al gobierno de Ortega respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos y garantizar la libertad de culto. Nicaragua necesita solidaridad y apoyo en momentos de creciente represión y violación de derechos humanos.
