Después de haberlos suspendido de manera indefinida, la justicia nicaragüense, controlada por el dictador de Daniel Ortega, reanudó esta semana los juicios a los opositores que fueron arrestados en Nicaragua durante la campaña electoral de 2021.
De momento se ha confirmado la reanudación de seis procesos, entre ellos el de la exguerrillera sandinista Dora María Téllez, reconocida por su papel durante la Revolución Sandinista y que hoy es acusada del supuesto delito de “menoscabo a la integridad nacional”.
El juicio de Téllez fue programado para el próximo 3 de febrero.
De igual forma los procesos judiciales a los opositores Ana Margarita Vijil, Yader Parajón, Yaser Vado, José Antonio Peraza y del cronista deportivo Miguel Mendoza, se reanudarán a inicios de febrero, según información divulgada por defensores de derechos humanos y familiares de los detenidos.
La dictadura judicial dijo que los juicios estaban congelados de forma indefinida por una supuesta carga laboral y por fuerzas mayores, algo que no cabía en la legalidad, según dijeron expertos a la Voz de América, que explicaron que en los casos debía existir la “celeridad”.
Las condiciones en las que se encuentran los presos políticos han sido objeto de alarma y sus familiares han emitido constantes mensajes de alerta relacionados con su salud. En el más reciente, expresaron su preocupación por los prisioneros de la tercera edad, cuya condición es delicada.
Entre estos reos se destacan exdiplomáticos, como el exembajador de Nicaragua en Estados Unidos y Canadá Francisco Aguirre Sacasa, de 77 años, y el también exembajador Edgard Parrales, de 79 años, quien fue operado hace 10 años del intestino grueso y debe mantener una alimentación balanceada.
Los familiares han pedido un gesto de humanismo por parte de las autoridades y solicitado incluso que los procesos sean llevados desde casa, amparándose en lo establecido en la Ley del Adulto Mayor en Nicaragua.
Los procesos serán en El Chipote
Los procesos judiciales contra los opositores se celebrarán en las celdas de máxima seguridad del Complejo Policial Evaristo Vásquez, conocido como “El nuevo Chipote”, que es donde permanecen detenidos. El lugar es considerado un “centro de torturas” por los defensores de derechos humanos.
Los expertos señalan que juzgar a los presos políticos en dichas instalaciones “es una arbitrariedad”, porque el Código Procesal Penal establece que los juicios deben celebrarse en los tribunales correspondientes.
