Entre mayo del año pasado y este 28 de febrero, 47 periodistas nicaragüenses vieron su vida en peligro y salieron del país con urgencia. José Ulloa, un investigador del organismo Voces del Sur, que trabaja temas relacionados con la libertad de prensa señala que al menos 12 de esos periodistas ya se habían exiliado antes y que habían regresado con la esperanza de reunirse con su familia en su país.
Este mes de febrero no ha sido un buen mes para el periodismo nicaragüense, ello pese a que al siguiente, en marzo, este primero para ser exacto, se celebra el Día Nacional del Periodista. Por esas ironías de la vida, fue un presidente considerado fiel a la dictadura de los Somoza quien firmó el decreto que estableció hace 58 años que un día como éste de cada calendario debe honrarse a hombres y mujeres de prensa.
El que un día fue enemigo de esa dictadura y que dijo combatirla hasta su final, no solo se convirtió en dictador después, sino que es considerado hoy el mayor represor de periodistas.
Daniel Ortega ordenó arresto y cárcel contra los periodistas. El nueve de febrero del 2022, el periodista Miguel Mora, fue condenado a 13 años de prisión por supuestamente conspirar para dañar la integridad del país y atentar contra su libre determinación. Mora ya había sido arrestado por transmitir en su canal 100% Noticias, las protestas que pedían la salida del poder de Ortega y de su esposa Rosario Murillo. Mora pagó caro cumplir con su derecho a informar. Más tarde la cuota se le aumentó por aspirar a la Presidencia del país.
En esa misma semana, el cronista deportivo Miguel Mendoza, fue condenado a 10 años de cárcel por difundir en sus redes sociales lo que pensaba sobre la dictadura y denunciar sus atropellos contra la gente que no pensaba igual que ella. Pero no ha parado ahí, la periodista Cristiana Chamorro y el comentarista Jaime Arellano, serán enjuiciados también, la primera por contar con una simpatía política que ni sumados Ortega y Murillo tendrían y el segundo por declararse abierto opositor en un medio de comunicación no afín al gobierno.
“Son juicios arbitrarios, ilegales, lo hemos denunciado a nivel internacional y en Nicaragua nadie tiene dudas que todo eso es un montaje contra los comunicadores y contra los políticos enemigos del poder”, dice Abigail Hernández de la Comisión Ejecutiva de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PCIN. Para Hernández, el régimen Ortega-Murillo debe ser responsabilizado por la integridad de esos periodistas. “Y no solo por ellos, sino por los más de cien presos políticos que tiene en sus cárceles, cuyos únicos delitos ha sido ejercer sus derechos políticos”, acusó Hernández.
¿Qué celebrar hoy?
Para la dirigente de la organización, más que celebrar, este día debe ser para denunciar los abusos de la dictadura contra la libertad de prensa. “El periodismo nicaragüense se encuentra firme hoy, hay que decirlo, eso pese a que los amenazan, los han golpeado, han cerrado sus medios, sus centros de trabajo, han sido expulsados de su propio país al ser obligados al exilio, nos han querido asfixiar financieramente. Pero hay firmeza, seguiremos denunciando, seguiremos informando”, aseguró.
Hernández recordó que es en el cumplimiento de ese compromiso que están convocando hoy al lanzamiento de una proclama que reproducirán unas 20 plataformas noticiosas digitales en tiempo real, en la que denunciarán al régimen, sus abusos y el estado de la libertad de prensa en el país. “Es que es eso, ni hoy, ni nunca debemos callar, eso es lo que la dictadura quiere y los periodistas no lo vamos a aceptar, no lo hemos hecho desde que hace cuatro años que comenzó la represión”, aseguró.
PCIN ha venido denunciando atropellos a los periodistas del país desde el 2018, que es el inicio de la crisis social y política que vive Nicaragua y que sigue sin resolverse. Hernández asegura que en el caso del periodismo hay una muerte que sigue esperando justicia, la del periodista Ángel Gahona.
“Hoy hay que recordar que Pedro Joaquín Chamorro fue asesinado por su trabajo, igual que María José Bravo y Carlos Guadamuz. Sus pecados fueron hacer lo que hacían frente a una cámara, en un periódico, por el hecho de ejercer su labor social, que era su forma de vida también, su profesión”, recordó Hernández.
Recordó también que los periodistas han padecido también por la naturaleza de su trabajo. Mencionó que periodistas como Gustavo Bermúdez de Radio Corporación, Sergio León de Radio La Costeñísima, e Ileana Lacayo fallecieron al contagiarse de Covid-19, una enfermedad que adquirieron durante su trabajo. “Esta es una profesión de alto riesgo por naturaleza, si le agregamos una dictadura, la represión que ese sistema desata, solo empeora el ejercicio”, advierte.
Agresiones
En el último informe publicado el 10 de febrero, el organismo Voces del Sur, registró que en el primer mes del año, enero, el régimen y sus aparatos de represión cometieron 114 casos de violaciones a la Libertad de Prensa en Nicaragua; 101 fueron perpetrados contra medios de comunicación lo que representó el 88.5 % del total de abusos y 13 directamente contra periodistas, lo que equivale al 11.5 % de casos en un mes. “Las organizaciones coinciden en que Nicaragua vive la peor represión contra los periodistas y los medios de comunicación de los últimos 30 años”, dice el investigador de la organización, José Ulloa.
Hace unas pocas horas, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Pedro Vaca Villarreal, dijo que el país está por cumplir cuatro años de un deterioro acelerado de la crisis de derechos humanos y consideró importante reconocer cómo los periodistas se han mantenido informando. “Es muy importante reconocer y felicitar la labor de quienes ejercen un oficio que forzadamente se transformó y se mantiene en un contexto de autoritarismo”, dijo en Twitter.
“Un altísimo número de periodistas se ha visto obligado a salir de Nicaragua, con un grave impacto en sus vidas personales, en sus comunidades y en sus medios de comunicación. Sin embargo, continúan transmitiendo información de alto interés público de forma valiente”, agregó Vaca.
Sobre el exilio que menciona el alto funcionario de la CIDH, tanto Ulloa como Hernández, coinciden en que no debe verse como una acción en busca de mejores oportunidades. “Ha sido para salvaguardar la vida, y eso es lo grave, ha sido porque estaban en peligro sus vidas y las de su familia también”, aseguraron. “El exilio ha sido una frecuente consecuencia de la persecución contra los periodistas. El que no se va, puede caer preso e ir a juicios viciados en los que desde el arresto ya sos culpable”, dice Ulloa.
El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, por sus siglas en inglés, expresó desde el año pasado su preocupación por “el serio deterioro” que ha venido sufriendo la libertad de prensa en Nicaragua durante el transcurso de ese período, circunstancias que según el organismo ha venido a peor desde las protestas del 2018. El CPJ dijo que el Estado interpretó que informar sobre lo que estaba pasando, convertía a los periodistas en sus enemigos.
Cierres y ocupaciones
Las organizaciones también destacan el cierre y las ocupaciones ilegales de medios de comunicación. El último de ellos fue el diario La Prensa, cuyo edificio fue tomado por policías del régimen el 13 de agosto del año pasado. Antes, similares operativos se ejecutaron en los edificios de la televisora 100% Noticias y las redacciones de Esta Semana y Confidencial.
PCIN registra al menos 30 medios noticiosos cerrados en 12 municipios del país. Para Voces del Sur la ocupación debe entenderse como un cierre forzado de medios, pero también lo son la asfixia financiera y la intimidación con amenazas de suspender licencias y permisos para operar como ocurrió contra Canal 12, explica Ulloa.
Pese al difícil escenario tanto Hernández como Ulloa resaltan como más que bueno, heroico el trabajo de los comunicadores. “Se sigue informando”, dice Ulloa. “Hoy convoco a la comunidad internacional a reconocer el compromiso social, la valentía y el heroísmo del periodismo nicaragüense que continúa su labor asumiendo riesgos altísimos, se deben sumar esfuerzos para su protección desde la solidaridad de quienes creen en la democracia”, invitó por su lado el Relator Especial de la CIDH.
