Varias organizaciones civiles han anunciado la presentación de la primera demanda contra la ley migratoria SB1718 de Florida, la cual castiga severamente la inmigración irregular y sanciona a empresas y personas que empleen o ayuden a inmigrantes indocumentados. El Southern Poverty Law Center, la Unión Americana de Libertades Civiles, Americans for Immigrant Justice y el American Immigration Council son algunas de las entidades que interpondrán la demanda.
Los demandantes argumentan que la SB1718 viola los derechos fundamentales de las personas en el estado de Florida y socava la riqueza cultural y las contribuciones económicas de los inmigrantes. Alegan que la ley es discriminatoria y constituye una amenaza para los derechos y el bienestar de todos los individuos en el estado, no solo para los inmigrantes.
La demanda se enfocará en las disposiciones de la Sección 10 de la ley, que criminaliza el transporte a Florida de personas que puedan haber ingresado al país sin inspección federal. Según los demandantes, esta medida representa un acto extremo de extralimitación del gobierno estatal destinado a incitar al miedo y criminalizar a las comunidades inmigrantes.
El abogado del Proyecto de Justicia para los Inmigrantes del Southern Poverty Law Center, Paul R. Chávez, afirmó que la SB1718 es inconstitucional y socava la democracia, y expresó su confianza en que esta demanda pondrá freno a lo que consideran un ataque a las comunidades de inmigrantes.
La ley migratoria SB1718 fue promovida por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien es candidato a las primarias republicanas con miras a las elecciones presidenciales de 2024. DeSantis ha hecho de la lucha contra la inmigración irregular el eje central de su campaña electoral.
La presentación de esta demanda busca garantizar los derechos fundamentales y la dignidad de cada individuo en el estado de Florida, independientemente de su estatus migratorio. Las organizaciones demandantes insisten en que nadie debería vivir con miedo o enfrentar discriminación basada en su estatus migratorio o el de sus familiares. Esta acción legal representa un paso importante en la defensa de los derechos de los inmigrantes y en la lucha contra políticas consideradas como perjudiciales y contrarias a los valores fundamentales de la sociedad.
