La Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela ha lanzado una operación contra cargos públicos del chavismo cercanos al poderoso Tareck El Aissami, ministro de Petróleo, así como contra jueces y alcaldes revolucionarios. Este movimiento se produce en el cuarto país con mayor corrupción del planeta, según Transparencia Internacional, y busca poner fin a una práctica extendida en los niveles más altos del Gobierno.
La captura de Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, alto funcionario vinculado durante toda su carrera a El Aissami, es la que realmente mide el alcance de la purga iniciada en el seno del chavismo. Los policías anticorrupción se llevaron detenido a Ramírez, quien estaba al frente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), mientras de inmediato el gobierno imponía una junta para llevar a cabo la reestructuración de este organismo.
Precisamente fue la Sunacrip el organismo encargado desde 2018 de ofertar el petro, la criptomoneda revolucionaria lanzada por Maduro como su gran solución económica para evadir el falso bloqueo, pero que ha pasado desapercibida en el mundo cripto.
El Departamento de Estado de EEUU ofreció en su día una recompensa de cinco millones de dólares para quien facilitara la captura de Ramírez, al considerar que está vinculado al narcotráfico.
El Aissami, quien también funge como vicepresidente económico, encabeza una de las principales facciones del chavismo, aunque su importancia se ha visto recortada en los últimos tiempos al estar convaleciente de una grave enfermedad.
En Venezuela, las familias más poderosas de la revolución bolivariana son las encabezadas por los hermanos Rodríguez, Jorge (presidente del órgano legislativo y jefe del equipo negociador en la mesa de México) y la vicepresidente Delcy, y por el radical Diosdado Cabello.
Este movimiento es significativo debido a la posición que ocupan los individuos implicados en el poder del país, y demuestra la determinación del Gobierno venezolano en la lucha contra la corrupción. La promesa de «caiga quien caiga» indica que se trata de una purga en profundidad que pretende abordar la corrupción de forma seria y eficaz. La lucha contra la corrupción es fundamental para recuperar la confianza del pueblo en las instituciones y para fomentar el desarrollo económico y social de Venezuela.
