Emiliano Chamorro Mendieta
El Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, se muestra preocupado por los continuos informes que se han presentando ante el organismo sobre los abusos que se cometen en Nicaragua y por la falta de rendición de cuentas por parte de la dictadura de Daniel Ortega, desde abril 2018.
Los documentos recopilados, instan al régimen combatir la impunidad y garantizar
rendición de cuentas y justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto de la represión estatal de 2018, incluso, mediante la realización de investigaciones independientes e imparciales sobre los múltiples formas de represión y violencia que causaron la muerte de más de 326 personas e hirieron a más de 2000, entre ellas presuntas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y otras graves violaciones y abusos de derechos denunciados.
Persisten en los informes las denuncias de prohibiciones de manifestaciones públicas, así como uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía para reprimir protestas sociales y actos de violencia por parte de grupos armados.
También se destacan actividades ilícitas en curso, arrestos y detenciones arbitrarias, hostigamientos, torturas y otras formas crueles, inhumanas o degradantes, así como el aumento de asesinatos relacionados con el género y de violencia de género durante las detenciones.
La ONU ve con atención que en los recientes informes se condena la creación de leyes anti-oposición con el objetivo de callar voces críticas, y rechaza el cierre de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil obligados a cesar operaciones por restricciones administrativas y financiera impuestas por reformas legales aprobadas desde 2018 y cancelaciones arbitrarias.
El Consejo de Derechos Humanos dice que en los documentos instan a la dictadura restablecer la legalidad de registros de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes que han sido cancelado desde 2018, y para devolver los activos incautados, incluidos los bienes confiscados.
Además, el régimen debe autorizar los actos pacíficos y públicos, derogar o modificar la legislación que pueda restringir indebidamente los derechos a las libertades de expresión y asociación, citan los informes.
