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Nicaragua en la mira internacional: cancela personería jurídica a gremios patronales y se aísla del mundo empresarial

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El sector empresarial organizado en Guatemala ha expresado su rechazo a la decisión del gobierno de Nicaragua de cancelar la personería jurídica de 18 asociaciones gremiales, entre ellas el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que aglutina a otras cámaras patronales.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) ha emitido un comunicado en el que describe esta medida como «arbitraria» y una amenaza para la democracia y los derechos fundamentales de los ciudadanos nicaragüenses. Además, el Cacif ha mostrado su solidaridad con los gremios empresariales afectados y ha exigido respeto a la dignidad de los ciudadanos nicaragüenses y el fin de las medidas represivas que amenazan el crecimiento económico y la estabilidad del país vecino.

La cancelación de la personería jurídica de estas asociaciones empresariales ha sido una de las últimas medidas tomadas por el gobierno izquierdista de Daniel Ortega que ha provocado el aislamiento internacional de Nicaragua. Según la resolución del Ministerio de Gobernación de Nicaragua, las asociaciones empresariales no completaron el proceso de convalidación de registro y presentaron inconsistencias en la información de sus estados financieros, sin detalle de ingresos y gastos o sin soporte para los mismos.

Entre las asociaciones canceladas se encuentran las asociaciones de Exportadores de Café, de Productores Agropecuarios, de la Industria Textil y Confección, así como las cámaras de Urbanizadores, de la Construcción, de Pesca, de Microfinanzas, de Comercio y Servicios, de Industrias y de Turismo. Esta decisión ha privado prácticamente a todas las asociaciones empresariales del país de su personería jurídica.

El rechazo del sector empresarial guatemalteco a la cancelación de la personería jurídica de estas asociaciones empresariales muestra la preocupación de la comunidad empresarial por el respeto a los derechos fundamentales y la democracia en la región. Es necesario que las autoridades nicaragüenses reconsideren su decisión y respeten la libertad de asociación y los derechos de los ciudadanos nicaragüenses.

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