La Procuraduría General de la República de Nicaragua informó este jueves que ha citado a las personas que viven en las propiedades decomisadas a 94 nicaragüenses desnacionalizados, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, «para formalizar con el Estado de Nicaragua su estatus ocupacional». La medida se dirige a personas naturales o jurídicas que se encuentren en uso y goce de dichos bienes decomisados mediante diferentes figuras jurídicas, como arriendo, usufructo u otras similares, según la declaración de la Procuraduría General en su calidad de representante legal del Estado de Nicaragua.
La lista de las personas a las que se les ha decomisado sus bienes incluye religiosos, diplomáticos, exfuncionarios de Estado, defensores de derechos humanos, disidentes sandinistas, opositores, periodistas, académicos, estudiantes y empresarios, a los que un Tribunal de Apelaciones de Managua los declaró «traidores a la patria». La medida se enmarca en la crisis política y social que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018, y que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio, además de una fuerte censura.
La Procuraduría General ha ordenado a los terceros que se encuentren ocupando dichos inmuebles decomisados, que deberán acudir a las oficinas de esta institución para formalizar con el Estado de Nicaragua su estatus ocupacional, sin más detalles. La medida ha sido criticada por organismos defensores de los derechos humanos y organizaciones políticas, que han denunciado la arbitrariedad y la violación de derechos fundamentales de las personas afectadas.
Mientras tanto, el emblemático diario nicaragüense La Prensa cumplió este jueves 97 años de fundación, por primera vez con toda su redacción en el exilio, su edificio expropiado en manos del Gobierno de Daniel Ortega, y en «la situación más dura de su historia», según el medio. La Prensa llega a este día «con sus instalaciones físicas y recursos materiales confiscados; sus periodistas exiliados; tres de sus propietarios y directivos, incluyendo a su gerente general, desterrados después de mucho tiempo encarcelados, y despojados de su nacionalidad nicaragüense; obligado al periódico a publicarse solo de manera electrónica», señala el diario en un editorial titulado «Una bandera a media asta. La Prensa en su 97 aniversario».
Los tres directivos excarcelados y desnacionalizados son los hermanos Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro Barrios, hijos de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y del héroe nicaragüense Pedro Joaquín Chamorro Cardenal (1924-1978), así como el gerente general, Juan Lorenzo Holmann Chamorro.
