En un movimiento que ha generado un intenso debate, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, ha anunciado que la Unión Europea está considerando la posibilidad de utilizar activos estatales y de grandes empresas rusas confiscados para financiar la reconstrucción de Ucrania. Esta propuesta ha desatado inquietudes tanto dentro como fuera de la UE, ya que plantea interrogantes legales y geopolíticos.
Según Von der Leyen, Ucrania enfrenta un déficit fiscal de aproximadamente 60.000 millones de euros, además de una necesidad urgente de otros 50.000 millones para su recuperación. La presidenta de la CE sugiere que cerca del 45% de estas necesidades podrían ser cubiertas mediante subvenciones europeas, préstamos y el uso de activos rusos previamente congelados.
Sin embargo, el anuncio ha generado reacciones adversas. Moscú ha argumentado que esta medida constituiría una violación de las normas del derecho internacional. Además, el Banco Central Europeo (BCE) ha expresado preocupación de que la intervención para reclamar los activos rusos congelados pueda socavar la confianza en el euro como moneda global y poner en riesgo la estabilidad financiera.
Asimismo, figuras políticas y expertos legales han planteado inquietudes sobre la validez jurídica de esta propuesta. El ministro de Exteriores de Austria, Alexander Schallenberg, ha advertido sobre el posible uso indebido de los activos congelados y la necesidad de que cualquier acción emprendida sea sólida desde un punto de vista legal. Schallenberg ha señalado que tales acciones podrían ser impugnadas ante los tribunales europeos o estadounidenses, ya que se busca proteger el orden internacional basado en normas.
En respuesta, el vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma rusa, Alexéi Chepa, ha advertido a la UE sobre las posibles consecuencias negativas de confiscar los activos rusos congelados. Chepa ha destacado la capacidad de Rusia para expropiar activos occidentales como una medida de represalia, aunque hasta ahora se ha evitado para mantener relaciones estables con “empresas europeas adecuadas”.
A pesar de que la UE ha congelado los activos de organizaciones e individuos rusos desde febrero de 2023, aún no cuenta con un marco legislativo claro para utilizar estos fondos con el fin de financiar la reconstrucción de Ucrania. La cuestión del destino de los activos rusos congelados y su posible contribución a la ayuda de Ucrania sigue siendo objeto de debate y controversia.
La propuesta de la UE plantea un desafío significativo, ya que implica equilibrar las necesidades de Ucrania con las complejidades legales y geopolíticas que rodean el uso de activos rusos confiscados. El futuro de esta iniciativa dependerá de la capacidad de la UE para abordar estos desafíos, así como de las posibles represalias y repercusiones económicas que puedan surgir en respuesta a esta medida.
