Por Emiliano Chamorro Mendieta
La libertad de prensa en Nicaragua «ha experimentado un franco deterioro desde abril de 2018, cuando manifestaciones antigubernamentales fueron reprimidas violentamente por la Policía», alertó en un informe la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que celebra esta semana su reunión semestral.
La SIP sostiene que en Nicaragua se han encarcelado a periodistas, enjuiciado a otros, hostigado y robado equipos a reporteros, embargos a medios de comunicación críticos al Gobierno de Daniel Ortega, y aprobado leyes que buscan controlar a la prensa.
«Aquella represión incluyó a los periodistas independientes, dos de ellos estuvieron presos por seis meses y decenas salieron al exilio. Muchos espacios, sitios de internet y un canal de televisión por cable fueron cerrados y permanecen de esa manera desde entonces», puntualizó la SIP.
A tres años de las manifestaciones antigubernamentales, sostuvo la SIP, «la situación de libertad de prensa y la situación política del país han empeorado».
Estado de sitio
La organización internacional expresó que «continúa el estado de sitio» en Nicaragua, que no se permiten «reuniones de tres personas en público», y «los periodistas son atacados, sus equipos robados y los procesos judiciales son un nuevo método para reprimir» por cubrir actividades contrarias al Ejecutivo sandinista.
«La Policía, el brazo represor del régimen que en muchas ocasiones se apoya en parapolicías para reprimir, tiene como principal tarea vigilar y asediar a opositores y a periodistas independientes», denunció la SIP en el informe.
La Policía de Daniel Ortega ha desatado agresiones, asedio y amenazas contra el periodismo independiente. Foto tomada en el FOOD Court de Metrocentro en Managua.Asimismo, indicó que la Asamblea Nacional (Parlamento), controlado por el oficialismo, aprobó a finales del año pasado tres leyes que «afectan la libertad de prensa, la primera parece diseñada para reprimir a los políticos y eliminar candidatos».
La ley de Regulación de Agentes Extranjeros, bautizada como «Ley Putin» por la oposición, además de controlar las operaciones financieras y las actividades que realizan asociaciones, organizaciones nacionales o extranjeras bajo el argumento de que se pone así fin a la injerencia extranjera, «perjudica a los medios de comunicación que reciben ayuda de diferentes fundaciones».
«La Ley exige inscribirse como «agente extranjero» y declarar con anterioridad cualquier donación para ser aprobada por el Ministerio de Gobernación», apuntó.
En enero pasado, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que apoyaba a casi dos docenas de pequeños medios independientes, principalmente digitales, cerró sus puertas para evitar tener que registrarse como «agente extranjero» ante el Ministerio de Gobernación, recordó le organismo periodístico.
