Según fuentes familiarizadas con los planes, la administración de Biden planea rediseñar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Nicaragua en respuesta a la presión de los defensores de los inmigrantes y los legisladores demócratas. Todavía no está claro cuándo el Departamento de Seguridad Nacional implementará la política, y los planes están sujetos a cambios antes de la aprobación final. El movimiento permitiría a los nicaragüenses que viven en los Estados Unidos vivir y trabajar en el país sin temor a la deportación.
El presidente Trump buscó poner fin al TPS para los nicaragüenses en 2017 y 2018, lo que puso en riesgo la protección legal de más de 300,000 personas. En contraste, el presidente Biden ha utilizado el TPS para proporcionar alivio migratorio a cientos de miles de personas desde que asumió el cargo. Ha designado seis nuevos países para el TPS y ha rediseñado otras seis naciones, lo que ha hecho que 712,000 inmigrantes en Estados Unidos sean elegibles para el estatus, según el Instituto de Política Migratoria.
Los nicaragüenses recibieron por primera vez el TPS en 1999 después de que el huracán Mitch causara estragos en Centroamérica. La designación ayuda a los residentes de países afectados por desastres naturales, conflictos armados u otras «condiciones extraordinarias y temporales». Según los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de EE. UU., hubo 4,250 beneficiarios de TPS de Nicaragua en 2021.
El año pasado, un número récord de nicaragüenses intentó ingresar ilegalmente a Estados Unidos mientras huía de la persecución política y las malas condiciones económicas en el país. En el año fiscal 2022, los funcionarios de la frontera registraron 163,876 encuentros con nicaragüenses. En respuesta, los legisladores federales escribieron al Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el mes pasado, citando la represión política del gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega contra los manifestantes, el clero y los estudiantes.
La carta también destacó la liberación del gobierno de más de 222 presos políticos el mes pasado, orquestada por la administración de Biden a través de su programa de permiso humanitario, y la reubicación de los presos en Estados Unidos. Se les ha otorgado un estatus protegido por dos años. Biden anunció el programa de permisos en enero para frenar el flujo de migrantes de Nicaragua, Haití y Cuba. La política requiere que los migrantes soliciten asilo desde su país de origen, y aquellos que intenten ingresar ilegalmente a Estados Unidos desde México son expulsados. Los encuentros fronterizos han disminuido significativamente este año, lo que los funcionarios de Biden atribuyen a la nueva política.
El mes pasado, la administración de Biden también anunció una regla propuesta que impediría que algunos migrantes soliciten asilo en Estados Unidos si cruzan la frontera ilegalmente o no solicitan primero refugio seguro en otro país. La propuesta, conocida como «prohibición de El «Title 42» es una orden ejecutiva emitida por la administración de Trump en marzo de 2020 en respuesta a la pandemia de COVID-19. La orden permite a las autoridades fronterizas expulsar inmediatamente a los migrantes que cruzan la frontera sin darles la oportunidad de solicitar asilo. Esta política ha sido ampliamente criticada por defensores de los derechos de los migrantes y ha sido objeto de varias demandas judiciales.
En febrero, la administración de Biden anunció que mantendría el Title 42 en su lugar, pero limitaría su uso para expulsar a familias y menores no acompañados. El anuncio provocó críticas de grupos de derechos humanos que pidieron al gobierno que pusiera fin a la política por completo.
La administración de Biden ha enfrentado presiones de varios grupos para proporcionar una solución a la crisis humanitaria en la frontera. A pesar de sus esfuerzos por adoptar una política más humana y acogedora, la administración ha luchado por contener el flujo de migrantes que intentan ingresar a Estados Unidos.
Con la reasignación del TPS para Nicaragua, la administración de Biden espera ofrecer protección a los nicaragüenses que enfrentan condiciones extraordinarias y temporales en su país de origen. Aunque la medida ha sido bien recibida por grupos de defensa de los migrantes y algunos legisladores, otros argumentan que se necesita una solución más completa y sostenible para abordar la crisis migratoria en la frontera.
