El parlamento Europeo pidió este jueves proceder de inmediato a incluir en la lista de sancionados por ese órgano transnacional a 14 jueces y 3 magistrados orteguistas por ser “responsables de la represión” contra la oposición política nicaragüenses, además pide activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica, que podría sacar a Nicaragua de ese tratado comercial.
Con 524 votos a favor, 17 en contra y 29 abstenciones el Parlamento Europeo aprobó la resolución denominada “La instrumentalización de la justicia como herramienta represiva en Nicaragua” que ordena sancionar a los magistrados orteguistas del Tribunal de Apelaciones de Managua Octavio Rothschuh Andino, Ángela Dávila Navarrete y Rosa Argentina Solís quienes han confirmado sentencias condenatoria contra opositores al régimen de Daniel Ortega quien controla totalmente el poder judicial.
La lista de seguros sancionados incluye a los jueces subordinados a la dictadura Nadia Camila Tardencilla, Ángel Jeancarlos Fernández González, Ulisa Yaoska Tapia Silva, Rosa Velia Baca Cardoza, Verónica Fiallos Moncada, Luden Martin Quiroz García y Karen Vanesa Chavarría.
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Además, Félix Ernesto Salmerón Moreno, Nancy Aguirre Gudiel, William Irving Howard López, Erick Ramón Laguna Averruz, Melvin Leopoldo Vargas García, Irma Oralia Laguna Cruz y Rolando Sanarrusia. Todos son señalados de ser “responsables de la represión” por dictar condenas en procesos amañados y carentes de garantías contra por lo menos 180 presos políticos.
La resolución aprobada por los eurodiputados «condena los fallos judiciales ilegítimos» ejecutados por el Poder Judicial nicaragüense, que se ha convertido en “el brazo de la represión” del dictador Daniel Ortega y por ello pide al Consejo de la UE que inicie inmediatamente el procedimiento para sancionar a los jueces y magistrados incluidos en la lista.
Los eurodiputados consideran que en Nicaragua han ocurrido detenciones abusivas, falta de garantías procesales y condenas ilegales contra los presos políticos. Esas arbitrariedades judiciales y “condenas ilegítimas” confirman la deriva represiva del régimen nicaragüense.
La resolución aprobada por los parlamentarios europeos condena “de manera enérgica la represión sistemática” ejercida por Ortega contra los partidos políticos de oposición, miembros de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y medios de comunicación.
PIDEN INVESTIGACIÓN POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
La resolución incluye 17 puntos, y señala que la gravedad de los abusos y violaciones a derechos humanos en Nicaragua amerita una investigación formal por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el dictador Daniel Ortega, como responsable por los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el año 2018.
En ese sentido, en el punto 9 del documento aprobado, los eurodiputados hacen un llamado a los Estados miembros y al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) “de conformidad con los artículos 13 y 14 del Estatuto de Roma, a abrir una investigación formal a través de la CPI sobre Nicaragua y Daniel Ortega por crímenes de lesa humanidad”,
Igualmente, la resolución subraya que en Nicaragua hay al menos 182 presos políticos encarcelados “en condiciones inhumanas”, siete de ellos, precandidatos presidenciales a las elecciones de 2021 y denuncia los abusos sistemáticos y tortura de los que han sido víctimas y resalta el caso del general en retirado Hugo Torres, quien murió en prisión.
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Además denuncia los ataques sistemáticos a periodistas y miembros de la Iglesia Católica, y “la persistente corrupción practicada por funcionarios del régimen nicaragüense”.
Asimismo, la resolución del parlamento de Europa demanda al dictador Ortega que derogue las leyes represivas aprobadas en los últimos años con las que restringen el espacio cívico y democrático, en particular la Ley Especial de Ciberdelitos, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley sobre la Defensa de los Derechos de los pueblos a la independencia, la soberanía y la libre determinación para la paz.
Todas esas leyes han sido utilizadas para encarcelar a opositores, atacar a la sociedad civil cancelando ONG y para anular la libertad de expresión.
