Esta decisión se basa en la declaratoria de emergencia nacional emitida en diciembre de 2021, debido al impacto que el narcotráfico ha tenido en la seguridad, política exterior y economía del país.
La orden ejecutiva otorga «autoridad adicional» al Secretario de Defensa, Lloyd J. Austin III, y al Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, para ordenar el servicio activo de los miembros de reserva de las Fuerzas Armadas, incluyendo al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.
La participación de los militares en la frontera estará sujeta a la consideración de los secretarios de Defensa y Seguridad Nacional. La orden tiene como objetivo garantizar que el Departamento de Defensa pueda brindar apoyo al Departamento de Seguridad Nacional en la lucha contra el tráfico internacional de drogas a lo largo de la frontera suroeste.
Aunque no se ha especificado la cantidad de elementos que serán desplegados ni las funciones que llevarán a cabo, se espera que la presencia militar refuerce los esfuerzos existentes para combatir el tráfico de drogas en la región.
La frontera suroeste de Estados Unidos ha sido identificada como una zona de alto riesgo debido al tráfico de drogas. Los estados mexicanos de Chihuahua, Sonora y Baja California, que colindan con dicha frontera, son puntos clave en las rutas de trasiego de narcóticos.
Por ejemplo, la ciudad de Nogales, Arizona, que conecta con el estado de Sonora, ha sido escenario de importantes decomisos de drogas en los últimos meses. A principios de abril, se decomisaron más de un millón de pastillas de fentanilo provenientes de México en menos de 48 horas.
Ciudades como Tijuana y Mexicali, que colindan con el estado de California, también son puntos de relevancia para los grupos criminales en sus operaciones de tráfico de drogas.
La decisión de desplegar militares en la frontera se produce en un momento en que se debate la posibilidad de catalogar a grupos como el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organizaciones terroristas. Esta propuesta busca facultar al gobierno de Estados Unidos para utilizar a las Fuerzas Armadas en el combate directo contra estas estructuras delictivas.
El despliegue de militares en la frontera con México es un paso importante en los esfuerzos de Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas y garantizar la seguridad en la región. Se espera que esta medida tenga un impacto significativo en la reducción del flujo de narcóticos y en la desarticulación de las organizaciones criminales involucradas en el tráfico ilícito de drogas.
