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Impacto de las nuevas leyes migratorias en Florida: Contratistas se ven obligados a despedir empleados y abandonar el estado

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Florida se enfrenta a importantes repercusiones en su sector de la construcción debido a la implementación de la polémica ley de inmigración SB 1718, que entrará en vigor el 1 de julio. Esta legislación, promulgada por el gobernador Ron DeSantis, establece duras sanciones tanto para los inmigrantes indocumentados como para aquellos que los contraten, lo que ha llevado a más de cuatro millones de residentes del estado, que son extranjeros, a tomar la difícil decisión de abandonar la región.

La SB 1718 obliga a las empresas con más de 25 trabajadores a verificar la elegibilidad de sus empleados utilizando el sistema de verificación en línea conocido como E-Verify, administrado por el Departamento de Seguridad Nacional. Si bien el objetivo de esta medida es asegurar que las empresas cumplan con las regulaciones migratorias, el impacto en el sector de la construcción, donde muchos inmigrantes trabajan, será significativo. La reducción de mano de obra resultante de esta ley se traducirá en menos trabajo e ingresos para los contratistas, quienes ya están experimentando dificultades para mantener su fuerza laboral.

En una entrevista con Univision, un contratista, que prefirió mantenerse en el anonimato, compartió su preocupación por la disminución significativa de trabajadores en su rubro: «La cantidad de gente que teníamos disminuyó bastante. Unos 30 trabajadores ya se fueron con sus respectivas familias para otros estados». Esta situación no solo afecta a los contratistas, sino también a otras áreas relacionadas, como la instalación de aires acondicionados, que dependen del avance de la construcción de viviendas.

El impacto económico y social de esta ley se hace evidente al considerar que más de 4,5 millones de residentes de Florida son inmigrantes, y aproximadamente tres de cada diez empresas en el estado pertenecen a personas nacidas en el extranjero, según datos del American Immigration Council.

La SB 1718 también introduce cambios importantes para los extranjeros que residen en Florida sin un estatus legal. A partir del 1 de julio, se impondrán penas de prisión de hasta 15 años para aquellos que transporten inmigrantes indocumentados al estado. Además, las empresas que contraten a inmigrantes sin autorización estarán sujetas a multas y podrían perder su licencia para operar. La ley también destina un presupuesto de 12 millones de dólares para un programa de reubicación de migrantes, lo que permitirá al gobernador DeSantis trasladar a personas indocumentadas fuera del estado.

Otro aspecto preocupante es la inclusión de preguntas sobre el estatus migratorio en los formularios de admisión de hospitales que aceptan Medicaid en Florida. Esto obliga a los solicitantes de asistencia médica a revelar su situación migratoria para poder recibir atención, generando incertidumbre y posibles barreras para aquellos que necesitan atención médica urgente.

Las redes sociales se han inundado de reacciones ante la aprobación de esta ley de migración en Florida, mostrando una amplia variedad de opiniones y preocupaciones sobre sus implicaciones. Muchos usuarios expresan su descontento y solidaridad con los inmigrantes afectados, mientras que otros respaldan las medidas del gobierno en aras de fortalecer el control migratorio y proteger los empleos locales.

Las organizaciones de derechos civiles han advertido sobre los riesgos que enfrentan los extranjeros al viajar a Florida debido a estas nuevas leyes. Se plantea la posibilidad de discriminación y perfiles raciales, así como el temor de que las medidas se conviertan en una barrera para aquellos que buscan una vida mejor y contribuir al desarrollo del estado.

En medio de la controversia, el gobernador Ron DeSantis ha defendido la ley como una forma de garantizar la seguridad y la legalidad en el estado. Ha destacado la importancia de proteger los empleos y los recursos para los ciudadanos y residentes legales de Florida. Sin embargo, las opiniones respecto a la efectividad y el impacto real de estas medidas migratorias difieren ampliamente.

A medida que nos acercamos a la fecha de entrada en vigor de la nueva ley, el sector de la construcción y otras industrias relacionadas en Florida se preparan para enfrentar los desafíos y las consecuencias de la reducción de mano de obra y el posible retraso en los proyectos. Se espera que estas medidas tengan un impacto significativo en la economía local y planteen interrogantes sobre la viabilidad y el futuro de algunas empresas.

La nueva ley migratoria en Florida ha desatado un intenso debate en la sociedad, cuestionando los valores de inclusión y diversidad del estado. Mientras tanto, los contratistas y empleadores se ven obligados a tomar decisiones difíciles y adaptarse a las nuevas regulaciones, buscando alternativas para mantener sus operaciones y satisfacer la demanda del mercado.

A medida que se acerca el 1 de julio, la fecha en que la SB 1718 entrará en vigor, Florida se enfrenta a un escenario cambiante en el que el impacto de estas leyes migratorias se hará sentir en diversos ámbitos. La incertidumbre y las consecuencias a largo plazo siguen siendo motivo de preocupación tanto para los afectados directamente como para la comunidad en general.

Esler Sobalvarro
Esler Sobalvarrohttp://portavozciudadano.com
Esler Jardiel Sobalvarro Leiva es un emprendedor nicaragüense con experiencia en liderazgo sociopolítico y empresarial. Es fundador de Enlace Comercial LLC en Miami y trabajó como miembro del Comité de Asesoría de la Juventud de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua. Actualmente, es el presidente del periódico en línea portavozciudadano.com y defiende los derechos de libertad pública, la democracia y elecciones justas y transparentes en Nicaragua.
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