El presidente de Chile, Gabriel Boric, en los 13 meses que lleva de mandato, se ha distanciado de otros gobiernos progresistas de la región que no son tan críticos con el presidente de Nicaragua.
Boric comienza su segundo año en el poder mostrando su lado más pragmático, pero uno de los pocos discursos que ha logrado mantener intacto -con palabras y acciones- es la defensa acérrima de los derechos humanos, sin dudar en posicionarse contra los gobiernos que los violen, sean del color político que sean.
“Chile promoverá siempre el respeto de los derechos humanos, en todo lugar y sin importar el color del gobierno que los vulnere”, dijo el 11 de marzo de 2022, tras pisar por primera vez el palacio de La Moneda como mandatario. A pesar de las polémicas que desata su posición tanto dentro como fuera del país, toma cada oportunidad que se le presenta para insistir en el tema.
Boric aprovecha foros y cumbres internacionales para llamar la atención del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, que desde 2018, cuando estallaron las masivas protestas en su contra, han reprimido con dureza a manifestantes y disidentes políticos. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), más de 355 personas fueron asesinadas durante las movilizaciones y hay miles de exiliados.
En la XXVIII Cumbre Iberoamericana celebrada en República Dominicana hace un par de semanas, Boric instó a no “callarse” ante la “dictadura familiar” nicaragüense. En enero, en el marco de su intervención en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), emplazada en Buenos Aires, exigió la liberación de los opositores “detenidos de forma indigna” en Nicaragua. Antes, en septiembre, en la Asamblea General de Naciones Unidas, había pedido que “en ningún lugar del mundo, tener distintas ideas del Gobierno de turno pueda terminar en persecución o vulneración de derechos humanos”.
A mediados de febrero, Ortega retiró la nacionalidad a 94 ciudadanos, entre ellos escritores, activistas, políticos o religiosos, a quienes acusó de “traición a la patria” y etiquetó de “prófugos de la justicia”. Antes lo había hecho con otros 222 presos políticos liberados y expulsados a Estados Unidos.
“No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos, y no se priva por decreto”, escribió entonces Boric en sus redes después de que la Cancillería chilena también condenara con dureza la decisión de Ortega, abriera las puertas de Chile a los afectados y les ofreciera la nacionalidad chilena. Una oferta que recogió la escritora y poeta Gioconda Belli, una de las expulsadas, que vive desde hace tres años exiliada en Madrid: “Si hay otro país que siento con todo
