En un giro sorprendente, el presidente Nayib Bukele de El Salvador ha anunciado una nueva batalla contra la corrupción, prometiendo construir una nueva prisión para albergar a personas corruptas. Este anuncio se produjo durante su discurso a la nación el jueves, en el que celebraba su cuarto año en el poder.
En una muestra de su determinación, Bukele reveló que en ese mismo momento en que pronunciaba esas palabras, la Fiscalía General estaba llevando a cabo una redada y confiscando todas las propiedades del ex presidente Alfredo Cristiani, quien gobernó el país centroamericano de 1989 a 1994.
“Así como desplegamos fuerzas de seguridad y acorralamos a pandilleros para enviarlos a prisión, también perseguiremos a los delincuentes de cuello blanco, sin importar de dónde vengan”, afirmó Bukele. Desde que dejó el cargo, Cristiani ha sido ampliamente implicado en presuntos actos de corrupción. Por ejemplo, un informe de investigación de El Faro reveló que cinco meses antes de dejar el gobierno, la Casa Presidencial emitió 106 cheques a su nombre, por un total de $5.5 millones, cuyo destino aún se desconoce. La misma publicación también descubrió que Cristiani había sido director, propietario o presidente de al menos 15 empresas offshore en las Islas Vírgenes Británicas y Panamá desde 1992 hasta 2018, como mínimo.
A mediados de 2021, diputados del partido gobernante presentaron una denuncia ante la Fiscalía General acusando al ex presidente de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y soborno. Sin embargo, hasta ahora no se le habían imputado cargos por ninguno de estos delitos.
Cristiani también está siendo buscado por la justicia desde marzo del año pasado por su presunta implicación en la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradores en 1989, durante la guerra civil salvadoreña. Se presume que el ex presidente huyó del país en febrero de 2022.
La nueva “guerra” declarada por Bukele ha generado críticas por parte de analistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en favor de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Temen que esta medida se utilice únicamente para encarcelar a los opositores políticos del presidente, a menos de un año de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales programadas para febrero y marzo del próximo año.
“No existe una política pública para combatir la corrupción en este gobierno. Lo que podríamos ver ahora es la persecución de opositores políticos que desafíen a quienes están en el poder bajo el supuesto estandarte de la lucha contra la corrupción. Pero a menos que se haga responsable al círculo cercano de poder, no podemos hablar de una auténtica lucha contra la corrupción”, afirmó Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal contra la Corrupción en El Salvador.
Bukele ha enfrentado críticas en el pasado por su manejo de los casos de corrupción en su gobierno. El año pasado, el presidente negó las supuestas negociaciones de su gobierno con pandillas y disolvió la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), que él mismo había establecido en el país después de que elaborara un informe que destacaba más de una docena de casos potenciales de corrupción que involucraban a funcionarios gubernamentales.
Al comienzo de la crisis del COVID-19, el presidente declaró públicamente que él mismo encarcelaría a cualquiera que fuera sorprendido robando fondos públicos. Desde entonces, la prensa local ha publicado numerosas acusaciones de corrupción, pero nadie ha sido encarcelado.
Contrariamente a sus promesas, Bukele ha protegido a todos sus funcionarios acusados de corrupción. Solo para mencionar algunos casos, se acusó al director de prisiones, Osiris Luna, de robar alimentos destinados a los necesitados durante la crisis de la pandemia y venderlos para beneficio personal. El director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, está implicado en la liberación y ayuda a un líder destacado de la Mara Salvatrucha (MS-13) a escapar del país antes de que comenzara el estado de emergencia, y hay grabaciones de audio en las que expresa «lealtad y confianza» a la pandilla. Asimismo, su jefa de gabinete, Carolina Recinos, ha sido acusada de utilizar su influencia para beneficiar a sus dos hermanos a través de un banco estatal.
Durante su administración, más de una docena de funcionarios del gobierno bajo Bukele han sido acusados de corrupción por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, incluyendo a su secretario de prensa, secretario legal, ministro de trabajo, ex ministro de agricultura y ex ministro de justicia. Sin embargo, Bukele ha respondido a estas acusaciones desestimándolas como interferencia.
Reorganización política meses antes de las elecciones
En su discurso a la nación, Bukele también anunció una reestructuración política y administrativa del territorio nacional. El Salvador reducirá ahora sus 262 municipios a solo 44. Según Bukele, esta medida tiene como objetivo reducir el gasto público y maximizar la inversión en proyectos comunitarios. «Los municipios conservarán sus nombres, para que puedan seguir celebrando sus festividades patronales como de costumbre. No se despedirá a empleados públicos, solo se eliminarán los cargos de confianza», aseguró.
Bukele también afirmó que esta redistribución tiene como objetivo combatir la corrupción. Sin embargo, la oposición ve esta medida como una estrategia para obtener ventaja en las próximas elecciones. «Cualquier cambio en el sistema electoral a menos de un año de las elecciones significa una cosa: miedo», escribió Andy Failer, presidente del partido político Nuestro Tiempo. El partido anunció recientemente a sus dos posibles candidatos presidenciales y llamó a diferentes fuerzas políticas en el país a apoyar una candidatura unificada que represente una alternativa a Bukele.
Con las elecciones presidenciales, legislativas y municipales previstas para el próximo año, estas decisiones y anuncios políticos de Bukele han generado debates acalorados y preocupaciones sobre el futuro democrático de El Salvador. La comunidad internacional, incluidos organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, ha expresado su preocupación por el respeto a los principios democráticos y la separación de poderes en el país.
La situación política y social en El Salvador sigue siendo incierta, y será crucial seguir de cerca los acontecimientos a medida que se acerquen las elecciones.
