En una sorprendente decisión, el Departamento de Seguridad Pública del estado de Texas ha comenzado a separar a familias migrantes a lo largo de la frontera con México, con padres acusados de allanamiento siendo detenidos y las madres e hijos entregados a funcionarios federales. Este cambio marca un contraste con declaraciones previas de líderes estatales, que habían afirmado que las familias deberían permanecer juntas y ser referidas a las autoridades federales.
El mes pasado, se reportaron casos de separación familiar en la ciudad fronteriza de Eagle Pass, donde familias fueron divididas por las autoridades estatales de Texas. Aunque el portavoz del Departamento de Seguridad Pública, Travis Considine, afirmó que los niños nunca fueron separados de sus madres, admitió que hubo detenciones de migrantes varones acompañados de sus familias durante el presunto delito.
El anuncio del Departamento de Seguridad Pública provocó una reacción inmediata del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que consideró los informes sobre familias separadas como preocupantes y en la necesidad de una investigación. Subrayaron la importancia de gestionar la frontera de manera segura y humana, respetando la dignidad de cada ser humano y manteniendo la seguridad de las comunidades.
El gobernador Greg Abbott y su oficina no respondieron a preguntas adicionales sobre cuántas familias han sido separadas, cuándo comenzó la medida y qué ocurre con los hombres detenidos. La abogada Kristin Etter, de Texas RioGrande Legal Aid, señaló que tenía conocimiento de 26 familias separadas por funcionarios de Texas y calificó la acción como «nada menos que la separación familiar patrocinada por el estado».
La decisión de Texas de asegurar la frontera sin coordinación con el gobierno federal ha generado críticas de defensores de la inmigración, quienes han comparado esta situación con las separaciones familiares ocurridas durante la era Trump, aunque las circunstancias son distintas. Bajo la administración Trump, miles de niños fueron separados de sus padres y colocados en refugios, resultando en una prolongada demora para reunificar a las familias.
Es importante destacar que a principios de año, legisladores de Texas intentaron aprobar leyes de inmigración, como la creación de una fuerza policial fronteriza estatal y el aumento de las penas por allanamiento. Aunque esos intentos fracasaron, la Asamblea Legislativa asignó más de 5,000 millones de dólares para financiar la seguridad fronteriza y otorgó a los funcionarios federales de inmigración facultades para efectuar detenciones bajo las leyes de Texas.
La polémica medida de separación familiar se suma a otras acciones del gobierno de Texas en el ámbito fronterizo, como la operación de vigilancia fronteriza de 4,000 millones de dólares conocida como «Operación Estrella Solitaria» y la instalación de boyas en el Río Grande, que ha generado tensiones con el gobierno federal y críticas por parte de organizaciones de defensa de los inmigrantes.
En un contexto donde la inmigración y la seguridad fronteriza siguen siendo temas sensibles, la decisión de Texas de separar a familias migrantes ha generado un intenso debate y llamados a una revisión más profunda de las políticas implementadas en la región. La colaboración entre las autoridades estatales y federales es crucial para encontrar soluciones que respeten los derechos humanos y mantengan la seguridad de las comunidades afectadas.
