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Dictadura orteguista aplica muerte civil a opositores, empresarios, religiosos y ciudadanos que lo adversan

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La dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua no solo detiene, secuestra, agrede, sino que ahora aplica otra etapa de represión, la muerte civil de opositores, empresarios, religiosos y ciudadanos que lo adversan dentro y fuera del país, en el sentido que a estos les han arrebatado el derecho de solicitar y actualizar documentación fundamental en la vida de cualquier ciudadano.

Muchos nicaragüenses han sido despojados de su pasaporte al momento de querer viajar. El caso más reciente fue el de monseñor Silvio Fonseca, vicario de la familia de la Arquidiócesis de Managua. Y meses atrás lo mismo ocurrió con el jefe de prensa de Canal 10 de televisión Mauricio Madrigal y el empresario, vicepresidente del Cosep, Álvaro Vargas.

Portavoz Ciudadano conoció que recientemente algunos nicaragüenses que residen en Estados Unidos han solicitado la actualización de documentos como el pasaporte y el régimen se rehúso a respetarles el derecho. La abogada Martha Patricia Molina explica que negar el documento de identidad (cédula o pasaporte) es condenar a un ciudadano a una muerte civil.

«El derecho a la identidad es un derecho humano y fundamental”, resaltó. Otros ciudadanos de diáspora y exilio nicaragüenses informaron a este medio de comunicación que la renovación de cédula ha sido negada, al igual que la impresión oficial de sus partidas de nacimiento.

Dictadores de Nicaragua.

También extraoficialmente se maneja que a un dirigente de una Organización No Gubernamental se le negó regresar a su patria, quien al abordar un avión en Estados Unidos la línea refirió que es “una persona no grata” para las autoridades nicaragüenses. Cabe destacar que este ciudadano participó en las protestas antigubernamentales de abril 2018.

Germán Orozco, experto en temas civiles, dice que con estas prácticas se violenta la ley de seguridad ciudadana porque cercena el derecho de identidad y al retorno seguro. ”Al parecer en Nicaragua hay ciudadanos de primera categoría y de segunda categoría, siendo estos últimos los que no están de acuerdo con el régimen”, mencionó.

«Se establece una especie de muerte civil de facto, porque se les niega la personalidad jurídica a una persona y es contraria y violatoria a los derechos humanos”, agregó Orozco.

Por su parte Molina destacó que “los funcionarios del Consejo Supremo Electoral (CSE) están obligados a cumplir con lo que mandata la Constitución Política y las leyes específicas respecto a la identificación ciudadana”, afirma la experta en derecho.

Recordó que “un poco más de Un mil millones de córdobas (más gastos de elecciones) fue la partida presupuestaria para el CSE en este 2021. Se les paga para que trabajen no para que nieguen documentos de identidad”, dijo.

Molina dejó claro que “si un funcionario público incumple la ley de responsabilidades penales y civiles recaen sobre el mismo”. “Por eso es importante anotar nombres y apellidos de los funcionarios que están negando la documentación a la que de manera personal agregaría las actas de defunción, porque mi abuela que falleció en noviembre de 2020 no se le extendió el acta de defunción porque me dijeron que los que tenían que tramitarla eran sus padres. Y yo les dije que la única manera era reviviéndoles porque ellos ya tenían más de 70 años de fallecidos ”, comentó la abogada.

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