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“Dictadura nicaragüense confisca bienes de opositores deportados a EE. UU.: un acto de represión en decadencia”

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En un nuevo episodio de represión, la dictadura de Nicaragua ha confiscado los bienes de 222 presos políticos que fueron expulsados y deportados a Estados Unidos. La sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones ha sido calificada como “completamente ilegal” por los afectados, quienes la ven como una muestra de un régimen en decadencia.

La resolución judicial, fechada el 19 de mayo pero dada a conocer recientemente, declara a los ex prisioneros como “traidores a la patria” y los despoja de su nacionalidad, condenándolos por actos que supuestamente menoscaban la independencia, soberanía y autodeterminación del pueblo nicaragüense. Se les acusa de incitar a la violencia, el terrorismo y la desestabilización económica.

La sentencia ordena la confiscación de todos los bienes inmuebles y acciones comerciales registrados a nombre de los condenados. Según el informe oficial, esto se hace para que respondan por los delitos cometidos y para garantizar la paz social, la independencia y la soberanía del Estado de Nicaragua.

Los afectados, entre ellos siete ex aspirantes a la presidencia, abogados, ex guerrilleros sandinistas, defensores de derechos humanos y periodistas críticos al régimen de Daniel Ortega, han expresado su indignación. Consideran que esta medida es un robo descarado que les ha privado de años de trabajo y sacrificio.

Esta confiscación de bienes se suma a la orden previa de confiscar las propiedades de otros 94 opositores, incluyendo destacados escritores, ex guerrilleros y defensores de derechos humanos, quienes también fueron despojados de su nacionalidad y pensiones de vejez.

La situación en Nicaragua ha empeorado desde las protestas cívicas de 2018, que fueron violentamente reprimidas por el régimen de Ortega-Murillo, dejando un saldo de cientos de muertos, miles de heridos y decenas de miles de exiliados.

En respuesta a estos abusos, un grupo de senadores estadounidenses ha propuesto extender hasta 2028 las sanciones contra el régimen nicaragüense. La Ley Nica, aprobada en 2018, busca frenar la financiación a Nicaragua por parte de instituciones multilaterales de crédito debido a la represión de las protestas antigubernamentales. Los senadores también buscan ampliar las sanciones para incluir a los funcionarios responsables de violaciones a los derechos humanos.

Esta propuesta de sanciones refleja la preocupación internacional por la creciente violencia y represión en Nicaragua. Mientras tanto, los afectados por la confiscación de bienes ven en esta medida un acto desesperado de un régimen en decadencia, dispuesto a recurrir al robo para mantenerse en el poder.

En medio de la incertidumbre política y social que enfrenta Nicaragua, la comunidad internacional sigue observando de cerca los acontecimientos y buscando medidas para presionar al régimen de Ortega y Murillo. La lucha por la democracia y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua sigue siendo una prioridad. Mientras tanto, los afectados por la confiscación de sus bienes seguirán alzando su voz y denunciando las injusticias cometidas por la dictadura.

La situación en Nicaragua es un recordatorio del poder opresivo que puede ejercer un régimen autoritario sobre sus ciudadanos. La confiscación de bienes de los opositores políticos expulsados a Estados Unidos es solo una muestra más de la represión y el abuso de poder que ha caracterizado al gobierno de Ortega.

La comunidad internacional, incluyendo los senadores estadounidenses que proponen sanciones, está presionando para que se detenga esta violación de los derechos humanos en Nicaragua. La extensión de las sanciones y la inclusión de funcionarios responsables de violaciones a los derechos humanos son medidas necesarias para enviar un mensaje claro de que estas acciones no serán toleradas.

Mientras tanto, los opositores nicaragüenses seguirán luchando por la democracia y la justicia en su país. A pesar de la confiscación de sus bienes y las dificultades que enfrentan, no se rendirán y continuarán alzando la voz contra la dictadura. La comunidad internacional debe mantener su apoyo a estos valientes individuos y presionar por un cambio real en Nicaragua.

En conclusión, la confiscación de bienes de los 222 opositores políticos expulsados a Estados Unidos por la dictadura de Nicaragua es un acto represivo que refleja la decadencia de un régimen autoritario. Mientras los afectados luchan por sus derechos, la comunidad internacional busca imponer sanciones y promover un cambio en Nicaragua. La situación en el país centroamericano es un recordatorio de la importancia de defender la democracia y los derechos humanos en todo el mundo.

Esler Sobalvarro
Esler Sobalvarrohttp://portavozciudadano.com
Esler Jardiel Sobalvarro Leiva es un emprendedor nicaragüense con experiencia en liderazgo sociopolítico y empresarial. Es fundador de Enlace Comercial LLC en Miami y trabajó como miembro del Comité de Asesoría de la Juventud de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua. Actualmente, es el presidente del periódico en línea portavozciudadano.com y defiende los derechos de libertad pública, la democracia y elecciones justas y transparentes en Nicaragua.
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