La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del Ministerio Público, ordenó el reinicio de los proceso judiciales contra los presos políticos recluidos en El Chipote, a partir de este martes primero de febrero, cuando comenzarán las audiencias de juicios en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial.
La Fiscalía bajo las órdenes exguerrillera y excomisionada de la Policía Ana Julia Guido emitió un comunicado este lunes, en el que anuncia el reinicio de los juicios en contra de todos los opositores, a los que llamó «delincuentes y criminales» que se encuentran en las celdas de la DAJ, y los que están bajo arresto domiciliar.
“Estos mismos criminales y delincuentes, han reincidido, atentando contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense, comprometiendo la paz y la seguridad”, acusa el comunicado del MP.
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Asimismo, la Fiscalía del régimen señala que los enjuiciados “son los mismos que promovieron y dirigieron los actos terroristas de la agresión del fallido intento de golpe de Estado del año 2018, habiendo paralizado el país y creado daños a la economía; son los mismos que han provocado tanto dolor y luto en las familias nicaragüenses a causa de los asesinatos, torturas y secuestros”.
La celebración de las audiencias de juicios contra los reos de conciencia parece ser la respuesta del régimen a los familiares que el pasado 25 de enero pidieron “un proceso de unificación ciudadana» para lograr la liberación de los encarcelados. La propuesta ha sido respaldada hasta ahora por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) quien pidió un diálogo “sin precondiciones”.
Además, han mostrado su respaldo a la iniciativa, organizaciones políticas como Ciudadanos Por la Libertad (CxL), la alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD)., la alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), y a nivel internacional L Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de Estados Unidos.
Los juicios estaban paralizados, supuestamente, por “fuerza mayor” debido a que los judiciales estaban con “agendas llenas” y ahora, y según el Ministerio Público es en “estricto apego a la Constitución y las Leyes de la República, y dándole cumplimiento a los plazos legales y a la programación de las correspondientes agendas judiciales, se realizarán los juicios orales y públicos, de los acusados”.
LA LEY 1055
Desde mayo del 2021, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo emprendió una ola de arrestos que mantiene bajo detención al menos a 46 líderes de la oposición entre ellos siete aspirantes a la Presidencia, así como periodistas, empresarios, exvicecancilleres, entre otros.
Según el Ministerio Público los señalados están siendo acusados por violentar la Constitución Política, la cuestionada ley 1055, Ley de Seguridad Soberana y el Código Penal de la República de Nicaragua.
“Estarán siendo procesadas por cometer menoscabo a la integridad nacional, por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer los delitos de lavado de dinero, bienes y activos”, expresa la Fiscalía.
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El Ministerio Público acusó a los reos políticos de “alterar la paz y tranquilidad” de los nicaragüenses «creando zozobra y lesionando los intereses supremos de la nación».
Los fiscales del régimen acusan a los opositores de haber realizado “actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación de Nicaragua y han incitado públicamente a la injerencia extranjera en los asuntos internos, proponiendo o gestionado bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, incluso, una vez más, han realizado llamados a la intervención armada de potencias extranjeras como los Estados Unidos de Norteamérica. Han demandado y celebrado la imposición de sanciones en contra del Estado de Nicaragua y las familias nicaragüenses”.
