Managua, Nicaragua – En un nuevo golpe a la empresa privada en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega ha impuesto una multa de $200,000 a Nicaragua Sugar Estates Limited (NSEL), compañía perteneciente al Grupo Pellas. La medida, anunciada por el Instituto Nacional de Promoción de la Competencia de Nicaragua (Procompetencia), acusa a NSEL de llevar a cabo prácticas anticompetitivas en violación de la Ley 601 de promoción de la competencia.
Esta decisión surge como resultado de una disputa legal que se inició el pasado agosto de 2022, cuando Corporación Velásquez Pereira S.A., una empresa dedicada a la agroexportación y suministro de caña de azúcar, presentó una denuncia contra NSEL ante Procompetencia. La acusación señalaba que NSEL había negado la renovación del contrato de compra-venta de caña de azúcar, justificando su decisión por supuestos riesgos legales. Tras una investigación exhaustiva, el tribunal administrativo de Procompetencia concluyó que estas acciones permitieron a NSEL abusar de su posición dominante en el mercado, desplazando injustamente a Corporación Velásquez.
Además de la multa económica, Procompetencia ha ordenado a NSEL poner fin a su trato discriminatorio hacia Corporación Velásquez y establecer un programa de cumplimiento para evitar prácticas anticompetitivas y abuso de posición dominante en futuros contratos de compra-venta de caña de azúcar con otros proveedores. Asimismo, se ha notificado a los certificadores internacionales del Grupo Pellas sobre esta decisión, para que tomen las medidas correctivas necesarias.
Esta acción representa un nuevo episodio en la relación tensa entre el gobierno de Ortega y el sector empresarial en Nicaragua. Desde las protestas que estallaron en abril de 2018, la alianza «política-económica» entre el régimen y los grupos empresariales del país se ha deteriorado, dando lugar a una serie de ataques contra los empresarios. La imposición de esta multa a NSEL se considera como un nuevo ejemplo de la estrategia del gobierno de Ortega de arremeter contra la empresa privada nicaragüense.
El presidente Ortega ha expresado en varias ocasiones su descontento hacia los empresarios, a quienes ha acusado de financiar las protestas de 2018. Recientemente, el propagandista del régimen, William Grigsby, ha intensificado una campaña de amenazas contra empresarios prominentes como Carlos Pellas, Ramiro Ortiz, Piero Coen y Roberto Zamora, tildándolos de delincuentes.
Esta medida impuesta a NSEL plantea interrogantes sobre el futuro de las relaciones entre el gobierno de Ortega y el sector empresarial en Nicaragua. La resolución de esta disputa legal y la imposición de una multa significativa podrían tener implicaciones profundas en la economía y la política del país. La situación actual refleja una creciente presión sobre la empresa privada y sus actores clave en un contexto de deterioro de las libertades civiles y la democracia en Nicaragua.
