Escrito por: Esler Sobalvarro
La situación política en Nicaragua bajo la dictadura de Daniel Ortega ha generado un dilema ético para empresarios, miembros de la sociedad civil y políticos. ¿Es posible mantener una postura neutral política al hacer negocios con el régimen, evitando enfrentamientos con los opositores y sin apoyar indirectamente la corrupción y el crimen organizado a través del lavado de dinero? Este artículo aborda los desafíos y riesgos asociados con el oportunismo y las ambiciones desmedidas que podrían conducir a un apoyo inadvertido a prácticas cuestionables por parte de aquellos que aspiran a colaborar con el régimen desde el exterior.
Neutralidad y negocios:
Para algunos empresarios, mantener una postura neutral política al hacer negocios con la dictadura de Daniel Ortega puede parecer una opción atractiva para evitar verse afectados por las tensiones políticas y mantener relaciones comerciales. Sin embargo, esta aparente neutralidad puede ser peligrosa. Ignorar las violaciones a los derechos humanos y la represión que prevalece en Nicaragua implica una indiferencia hacia las demandas de justicia y democracia planteadas por los opositores al régimen.
Oportunismo y ambiciones desmedidas:
La búsqueda de beneficios económicos en un entorno dictatorial puede despertar el oportunismo y las ambiciones desmedidas en algunos empresarios. Algunos podrían ver la colaboración con el régimen como una oportunidad para obtener ganancias rápidas sin considerar las consecuencias a largo plazo para la sociedad nicaragüense. Este enfoque centrado únicamente en el beneficio personal puede llevar a la adopción de prácticas cuestionables, incluido el lavado de dinero, y alejarse de los principios éticos fundamentales.
El peligro del lavado de dinero:
El lavado de dinero, una práctica ilegal que busca ocultar el origen ilícito de los fondos, representa un riesgo significativo en Nicaragua. Aspirantes a colaboradores o piezas estratégicas del régimen pueden utilizar el lavado de dinero para encubrir actividades corruptas o vinculadas al crimen organizado. Esta situación no solo perpetúa la dictadura, sino que también alimenta la corrupción y socava las instituciones democráticas del país.
La responsabilidad compartida:
Tanto los empresarios como la sociedad civil y los políticos tienen una responsabilidad compartida en abordar esta encrucijada ética. Los empresarios deben evaluar cuidadosamente los riesgos asociados con los negocios bajo el régimen de Ortega y considerar alternativas que no comprometan los valores democráticos y el respeto por los derechos humanos. La sociedad civil y los políticos, por su parte, deben presionar para que se respeten los derechos humanos, se libere a los presos políticos y se restaure la democracia en Nicaragua.
La importancia del diálogo y la colaboración:
Para superar estos desafíos, es fundamental fomentar el diálogo y la colaboración entre los diferentes actores en Nicaragua. La construcción de alianzas estratégicas basadas en principios democráticos y el respeto por los derechos humanos puede ser una vía para impulsar el cambio y la transformación en el país. La sociedad civil, los empresarios y los políticos con apariencia de oposición deben unirse en la defensa de los valores fundamentales de la democracia, la transparencia y la justicia.
La responsabilidad empresarial se vuelve crucial en este escenario. Los empresarios deben tener en cuenta que sus acciones tienen un impacto directo en la sociedad y en el desarrollo del país. Es fundamental que actúen con integridad y ética, evitando cualquier participación en actividades corruptas o ilícitas que puedan fortalecer a la dictadura y al crimen organizado. Además, deben ser transparentes en sus transacciones y establecer mecanismos de control interno para prevenir el lavado de dinero y cualquier tipo de financiamiento indebido.
Por otro lado, la sociedad civil debe seguir levantando su voz en defensa de la democracia y los derechos humanos. Las organizaciones no gubernamentales, los defensores de los derechos humanos y los ciudadanos comprometidos deben continuar denunciando los abusos y exigiendo justicia. Es vital que se promueva la participación ciudadana y se genere conciencia sobre los riesgos y peligros asociados con el apoyo indirecto a regímenes dictatoriales.
Asimismo, los políticos que se presentan como opositores al régimen de Ortega deben mantenerse firmes en sus principios y valores. Deben evitar caer en la tentación del oportunismo y las ambiciones desmedidas, asegurándose de que sus acciones estén guiadas por el interés común y el bienestar del pueblo nicaragüense. Además, es fundamental que mantengan la coherencia entre sus discursos y sus acciones, evitando cualquier asociación o colaboración que pueda poner en riesgo la lucha por la democracia y la libertad.
En conclusión, la postura neutral política en los negocios con la dictadura de Daniel Ortega representa un desafío ético y moral para empresarios, sociedad civil y políticos. El oportunismo y las ambiciones desmedidas pueden llevar a un apoyo indirecto a la corrupción y al crimen organizado, a través del lavado de dinero. Es responsabilidad de todos los actores involucrados actuar de manera ética, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la defensa de los valores democráticos y de los derechos humanos. Solo a través de un compromiso conjunto y una lucha incansable por la justicia, se podrá construir un futuro mejor para Nicaragua y su pueblo.
