El reciente ataque del régimen de Ortega a la Universidad Centroamericana (UCA) es un desarrollo preocupante que marca un golpe a la educación y la libertad de pensamiento en Nicaragua. Bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la UCA ha sido acusada de «terrorismo» por un juez, lo que ha llevado a la incautación de sus activos materiales y financieros. Esta medida efectivamente confisca la prestigiosa institución jesuita, luego de una serie de acciones que inmovilizaron sus propiedades, congelaron cuentas bancarias y revocaron la acreditación del Centro de Mediación.
La acusación del régimen contra la UCA ha planteado interrogantes sobre el futuro de la educación en el país. La congelación de las cuentas bancarias de la universidad plantea desafíos para los pagos de matrícula, lo que afecta la capacidad de los estudiantes para continuar sus estudios. A pesar de estos obstáculos, la UCA sigue decidida a superar estos contratiempos y garantizar operaciones regulares.
La Fiscalía de Ana Julia Guido estaría preparando un expediente contra la UCA, a pesar de que la acusación aún no ha aparecido en el sistema del Poder Judicial. Este patrón de sacar a la luz casos políticos después de la publicidad del régimen plantea preocupaciones sobre la imparcialidad y transparencia de los procedimientos legales.
La confiscación de la UCA representa una grave amenaza para la libertad académica y el pensamiento crítico en Nicaragua. Esta medida sigue un patrón de apuntar a las universidades, ya que otras 26 instituciones privadas ya han caído en manos del régimen Ortega-Murillo. Ex estudiantes, profesores y miembros de la oposición de la UCA creen que la confiscación es una táctica de represalia por el papel de la universidad en las protestas sociales de 2018, durante las cuales brindó refugio a los manifestantes y criticó los abusos contra los derechos humanos.
Además, la justificación del cierre de universidades ha sido variada, desde acusaciones de lavado de dinero hasta reclamos de ofertas académicas inconsistentes o infraestructura inadecuada. Este enfoque arbitrario no sólo pone en peligro la educación, sino que también obstaculiza el crecimiento intelectual y el desarrollo del país.
Como la comunidad académica de la UCA está compuesta por miles de estudiantes y cientos de profesores, su confiscación tiene implicaciones más amplias para la educación en Nicaragua. Con el control sobre las universidades convirtiéndose en un foco para el régimen, plantea preocupaciones sobre la erosión del pensamiento independiente y el futuro de las instituciones académicas en el país.
En conclusión, el ataque del régimen de Ortega a la Universidad Centroamericana es un claro asalto a la educación, la libertad de pensamiento y la diversidad intelectual en Nicaragua. Esta medida no solo socava la reputación de la institución, sino que también representa una amenaza para todo el panorama educativo del país. La comunidad internacional debe solidarizarse con la UCA y abogar por la preservación de la libertad académica y los derechos humanos en Nicaragua.
