El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) confirmó mediante un comunicado de prensa, este jueves 27 de enero, que está dispuesto a sentarse en una mesa de negociación con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo porque consideran «el diálogo como único instrumento para que los nicaragüenses encontremos el camino hacia la reunificación familiar».
De acuerdo con el documento, hecho público por la cúpula empresarial de Nicaragua a través de sus redes sociales, en una reunión celebrada el miércoles 26, el Consejo Directivo de la organización decidió por unanimidad apoyar el pronunciamiento de los familiares en el que llaman a la Iglesia Católica, a los gobernantes y a las fuerzas vivas de la nación, a establecer “puentes” en un proceso donde “nos escuchemos los unos a los otros” para alcanzar la liberación de los opositores encarcelados.
Además, los empresarios se comprometen “de manera franca a la búsqueda de soluciones viables, prontas y sin precondiciones que prioricen solucionar la encrucijada que atraviesa la nación».
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El documento no menciona nada sobre exigir respeto a los derechos humanos, fin de la represión y democracia, como en pronunciamientos anteriores.
Horas antes, medios de comunicación dieron cabida a un supuesto “documento memoria” que habría salido de una reunión sostenida por la dirigencia del Cosep, donde se habría comentado que “los diálogos sí han fusionado ya que como resultado ha sido la liberación de presos”. Asimismo se habría dicho que “hoy tenemos que hablar de una negociación, diálogo, encuentro, todo debido a 3 amigos que están desesperados (en la cárcel)”.
Una fuente ligada al Cosep dijo que, aunque se habla de respaldar la iniciativa de los familiares de presos políticos frente a un posible diálogo con el régimen, hasta ahora no ha habido ninguna reunión con partidos u organizaciones políticas, incluyendo a Ciudadanos por la Libertad (CxL) y tampoco hay ninguna “indicación de diálogo ni comunicación con el gobierno”. No obstante, el informante indicó que “estamos claros que eso (el diálogo) se está armando”.
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De acuerdo con datos manejados por el Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas, actualmente hay al menos 170 personas en calidad de reos de conciencia en las cárceles de la dictadura, entre ellos unos 40 que fueron capturados en el contexto electoral entre los que se cuentan 7 dirigentes opositores que expresaron su intención de competir contra el dictador Daniel Ortega en las pasadas votaciones presidenciales.
Además están encarceladas mujeres dirigentes políticas, activistas feministas, líderes campesinos y estudiantiles, opinadores y empresarios.
Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, familiares, organizaciones políticas y la comunidad internacional han insistido que los presos políticos deben ser liberados de manera inmediata e incondicional, sin embargo, el régimen Ortega-Murillo se ha mostrado indolente, pese a que muchos de los encarcelados están padeciendo serios problemas de salud, principalmente los de la tercera edad.
En enero de 2021, el dictador Daniel Ortega se refirió por primera vez a un posible “diálogo nacional” que podría entablarse después de enero del 2022, es decir, después que asumiera su cuarto periodo consecutivo en el poder. Esa intención fue confirmada por el diputado orteguista Walmaro Gutierres en octubre del año pasado cuando dijo que después de enero habría un “gran diálogo nacional” donde cabrían todos los que quisieran participar.
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Nuevamente, el dictador Ortega, durante su ilegítima toma de posesión el pasado 10 de enero, aunque no habló de diálogo sí dijo que quería gobernar los próximos 5 años bajo el principio de “borrón y cuenta nueva”.
Analistas políticos han advertido que la inmutabilidad del régimen ante los múltiples llamados a liberar a los opositores se debe a que Ortega busca una negociación y utilizará a los presos políticos como “fichas de cambio” para que le retiren las sanciones internacionales y lo dejen gobernar a su antojo durante los próximos cinco años.
Hasta ahora, a la iniciativa de un posible diálogo con la dictadura para conseguir la liberación de los prisioneros políticos se han sumado 60 familias, CxL, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (AJD), la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) y la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua (UPPN).
