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Cosep rechaza acciones «amañadas» en la Asamblea Nacional que acercan a Ortega a un nuevo fraude electoral

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Rosario Murillo Zambrana y Daniel Ortega Saavedra, dictadores de Nicaragua.

Por Emiliano Chamorro Mendieta 

«El régimen de Daniel Ortega desaprovechó la oportunidad de contribuir a la solución pacífica y democrática que demandan los nicaragüenses», destacó este miércoles el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). 

El colectivo empresarial privado de Nicaragua se refiere a las acciones del oficialismo en la Asamblea Nacional. El pasado martes aprobaron una reforma y adición a la Ley Electoral con 85 votos a favor, 4  en contra y 0 abstenciones. Con la misma pretenden inhibir a los opositores de participar en los comicios de noviembre próximo.

Además, limitan el financiamiento electoral, suspende la observación electoral, restringe derechos constitucionales y son una herramienta para un posible “fraude” a favor de la reelección de Ortega.

Ante esto, el Cosep “rechaza” que el régimen de Daniel Ortega “intente evitar que los nicaragüenses gocen de un proceso electoral libre, transparente, competitivo y observado que permita encontrar soluciones a la crisis política, social, económica y sanitaria que enfrentamos”.

La cúpula empresarial también condena que los diputados del oficialismo no tomaron en cuenta las propuestas y observaciones de los partidos políticos, sociedad civil y comunidad internacional.

Poder a la policía

Los diputados orteguistas señalaron que entre la adición a la Ley Electoral está “el poder” que será otorgado a la policía orteguista para que controle toda manifestación en campañas electorales.

Policía orteguista deteniendo a protestante.

«La Policía Nacional y el Consejo Supremo Electoral coordinarán con las instancias correspondientes, para que movilizaciones de otra naturaleza que no sean partidarias no interfieran con la campaña electoral», dice el texto que sería adherido.

Los opositores nicaragüenses han rechazado el proyecto de reformas a la Ley Electoral, porque no cumple con lo solicitado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la resolución aprobada en octubre 2020.

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