En una resolución emitida el miércoles, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al gobierno de Nicaragua la liberación “inmediata” del monseñor Rolando Álvarez, Obispo de Matagalpa. El obispo se encuentra encarcelado y fue condenado a 26 años de prisión por “menoscabo a la integridad nacional”. La CIDH también instó al Estado nicaragüense a garantizar la protección de la vida, salud e integridad personal del obispo.
El caso del obispo Álvarez ha generado tensiones entre el gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia Católica, y ha puesto en riesgo las relaciones diplomáticas entre Managua y el Vaticano. El Papa Francisco calificó al gobierno de Ortega como una “dictadura grosera”, lo que ha aumentado las tensiones.
La Corte Interamericana estableció un plazo hasta el 7 de julio para la liberación del obispo Álvarez y requiere que se proporcione información adecuada sobre el proceso de excarcelación. Mientras tanto, se ha ordenado garantizar un trato digno al obispo, incluyendo acceso a servicios de salud, medicamentos, alimentación adecuada y facilitar el contacto con familiares y abogados.
En otra medida relevante, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha pedido al gobierno nicaragüense que cese todas las violaciones a los derechos humanos y libere a los presos políticos. La OEA también expresó preocupación por la represión contra líderes de la Iglesia Católica, la prohibición y confiscación de bienes de organizaciones no gubernamentales y universidades privadas, así como la intimidación y acoso a la prensa.
La resolución de la CIDH y las acciones de la OEA demuestran la creciente presión internacional sobre el gobierno de Nicaragua para respetar los derechos humanos y garantizar la libertad de los presos políticos. La situación del obispo Álvarez se ha convertido en un símbolo de la tensa relación entre el gobierno y la Iglesia Católica en el país.
Se espera que el gobierno nicaragüense tome medidas inmediatas para cumplir con las exigencias de la Corte Interamericana y la OEA, lo que podría tener implicaciones tanto a nivel nacional como internacional en términos de derechos humanos y relaciones diplomáticas. El mundo estará atento al desarrollo de este caso y a las acciones que tome Nicaragua en respuesta a las demandas internacionales.
