El proyecto de ley, considerado uno de los más agresivos del país, avanza en el Congreso de la Florida con cambios significativos.
Florida se encuentra en el centro de la atención nacional con un proyecto de ley que busca abordar la problemática de la migración ilegal en Estados Unidos. Impulsado por los republicanos y respaldado por el gobernador Ron DeSantis, esta iniciativa ha sido catalogada como una de las más agresivas del país en su intento por controlar y regularizar la inmigración.
El proyecto de ley, aprobado recientemente por el Senado estatal, ha sufrido modificaciones en la Cámara para suavizar algunos de los aspectos más polémicos. Se espera que reciba luz verde y sea enviado al escritorio del gobernador DeSantis antes de que finalice el mes, para que entre en vigor a partir de julio de este año.
Inicialmente, el proyecto incluía disposiciones que generaron críticas tanto de demócratas como de grupos pro inmigrantes e iglesias. Uno de los aspectos más controvertidos era la imposición de cargos criminales y sanciones de hasta 5 años de cárcel para cualquier persona que transportara o diera albergue a un migrante ilegal en el estado. Esto implicaba que incluso familiares legales, sacerdotes, monjas, activistas y arrendadores de viviendas podrían enfrentar la posibilidad de prisión por ayudar consciente o inconscientemente a un inmigrante ilegal.
Sin embargo, en el borrador aprobado por el Senado, se eliminaron o ajustaron tres de estas provisiones polémicas. En el nuevo texto, solo se castiga a las personas que transporten a inmigrantes ilegales desde otro estado hacia Florida, sin mencionar su movilización dentro del estado o el brindarles refugio o vivienda. Además, se redujo la exigencia de utilizar el programa E-Verify para establecer el permiso de trabajo a empresas con más de 25 empleados, en lugar de aplicarse a todos los empleadores privados.
Otro cambio importante fue la eliminación de la prohibición de ofrecer matrículas universitarias a precios reducidos para inmigrantes ilegales que tienen derechos de residentes en el estado, lo cual afectaba directamente a los llamados «dreamers» o inmigrantes que llegaron a EE.UU. siendo niños y que no conocen otro país. Estas modificaciones se lograron gracias a los esfuerzos de lobby de sectores empresariales, grupos religiosos y defensores de los derechos humanos que brindan servicios a esta población.
A pesar de estos cambios, el proyecto de ley sigue siendo cuestionado por sus detractores, quienes consideran que se trata de una iniciativa «draconiana» que convertirá a Florida en un estado policial. Además de perseguir a quienes transporten inmigrantes ilegales desde otros estados, el proyecto incluye medidas como la invalidación de licencias de conducir emitidas a indocumentados por otros estados, la recopilación y compartición de información sobre el estado migratorio de los pacientes en los hospitales, la prohibición de emitir cualquier tipo de identificación a aquellos que no puedan demostrar su estatus legal y la eliminación de una disposición que permitía a graduados indocumentados de facultades de derecho acceder al Colegio de Abogados de Florida.
Los críticos advierten que estas medidas pueden tener graves consecuencias, como el temor de los inmigrantes indocumentados a buscar servicios médicos preventivos por miedo a ser reportados, lo que podría generar una crisis de salud en el estado. También señalan que el proyecto de ley afectará negativamente a la comunidad inmigrante, que constituye una cuarta parte de la población de Florida y tiene un peso significativo en los comicios.
Sin embargo, los defensores del proyecto argumentan que no se busca perseguir a los inmigrantes legales ni convertir a Florida en un estado inhóspito, sino desestimular la inmigración ilegal y promover una migración legal y ordenada. Señalan que muchos estados ofrecen trabajos, educación gratuita, servicios médicos e incluso licencias de conducir a los inmigrantes indocumentados, lo cual no brinda incentivos para una migración legal.
El debate sobre la migración ilegal y las políticas migratorias se intensifica en Estados Unidos, y Florida se encuentra en el centro de esta discusión con la propuesta de ley que busca abordar este desafío. Mientras el proyecto avanza en el Congreso estatal, grupos a favor y en contra se movilizan para expresar sus opiniones y presionar a los legisladores.
La aprobación final del proyecto de ley y su entrada en vigor marcarán un hito importante en el panorama migratorio de Florida y podrían sentar un precedente para otros estados en la lucha contra la migración ilegal. Los próximos meses serán determinantes para ver cómo se desarrolla esta situación y cuáles son las implicaciones para los inmigrantes, las comunidades y la política migratoria en Estados Unidos.
