El gobierno de Nicaragua ha generado controversia al confiscar el Instituto Técnico Santa Luisa de Marillac, un colegio católico ubicado en el municipio de San Sebastián de Yalí, en el departamento de Jinotega. Según denuncias de la investigadora nicaragüense Martha Patricia Molina, el régimen sandinista ha tomado posesión de esta institución educativa, que ha estado en funcionamiento durante más de tres décadas y es administrada por las religiosas de las Hijas de Santa Luisa de Marillac.
Los habitantes locales confirmaron que el instituto fue ocupado por agentes de la Policía Nacional. Esta acción se suma a otra intervención realizada recientemente por el gobierno de Daniel Ortega en el colegio Susana López Carazo, una obra significativa de las Hermanas Dominicas de la Anunciata, ubicado en el departamento de Rivas. En este caso, se expulsó a tres monjas de la congregación.
Estos hechos generan preocupación en el ámbito religioso y educativo, ya que representan una interferencia en la labor de las instituciones católicas en Nicaragua. La Iglesia católica nicaragüense ha sido acusada por la Policía de «lavar dinero», lo cual ha llevado a exigir documentación sobre los movimientos bancarios de las diócesis. Sin embargo, hasta el momento no se ha recibido una respuesta oficial por parte de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) ni del cardenal Leopoldo Brenes.
En medio de esta situación, el cardenal Brenes ha llamado a los fieles a mantener la calma y confiar en el Espíritu Santo para encontrar soluciones adecuadas. En su homilía dominical, destacó la importancia de no dejarse llevar por noticias exageradas y fuentes no reveladas. A pesar de los desafíos actuales, el cardenal enfatizó que las parroquias continúan trabajando y enfrentando la adversidad.
Estas acciones del gobierno de Nicaragua han generado preocupación dentro y fuera del país, ya que ponen en tela de juicio la libertad religiosa y la autonomía de las instituciones católicas. La comunidad internacional estará atenta a los desarrollos futuros y a las posibles respuestas de las autoridades eclesiásticas y gubernamentales ante estas situaciones.
