La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ve con «extrema preocupación» el clima de «represión» que rodea las cuestionadas elecciones del próximo 7 de noviembre en Nicaragua y considera que no cumplen con los estándares para garantizar que sean «libres, justas, transparentes y pluralistas».
En la farsa electoral el dictador Daniel Ortega busca su tercera reelección y su cuarto mandato consecutivo de la manos de la vicedictadora, Rosario Murillo. La CIDH coincide con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en que la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y, por ende, a las obligaciones establecidas en la Convención Americana y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
En un documento publicado este jueves, titulado «Concentración del poder y debilitamiento del Estado de derecho en Nicaragua», la CIDH resaltó que «ha operado un proceso paulatino de concentración del poder y un progresivo debilitamiento de las instituciones democráticas que se intensificó» en 2007, cuando Ortega volvió al poder, y se «consolida a partir de la crisis de derechos humanos iniciada en abril de 2018».
En 2018 estallaron unas protestas antigubernamentales en Nicaragua por unas reformas a la seguridad social, que dejaron cientos de manifestantes presos, muertos, desaparecidos y miles de heridos, según organismos de derechos humanos.
La instancia destacó en un informe, publicado este jueves 28 de octubre, que el debilitamiento del Estado de derecho y el profundo deterioro en materia de derechos humanos en Nicaragua data desde el año 1999, cuando se ejecutó el pacto entre el entonces presidente Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, que en dicha fecha era opositor.
El organismo señala que después del “pacto” se instauró en el país “un sistema bipartidista con el objeto de facilitar la cooptación de los más altos cargos de la administración pública, y que hasta ahora continúa vigente”.
Para la comisión, la concentración del poder ha facilitado que Nicaragua «se transforme en un Estado policial, donde el Poder Ejecutivo tiene instalado un régimen de terror y de supresión de todas las libertades», mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y la represión a través de instituciones estatales y paraestatales.
De cara a las elecciones, la CIDH dijo haber constatado «la intensificación de la represión contra la oposición política, líderes y lideresas sociales, personas defensoras de derechos humanos y periodistas» a partir de la publicación del calendario comicial, el 11 de mayo de 2021.
La instancia lamenta que en Nicaragua se haya perdido la institucionalidad y materializado la eliminación de una verdadera competencia electoral, tras la detención de decenas de opositores y disidentes, que actualmente permanecen en los diferentes sistemas penitenciarios del país, incluido la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como “el nuevo chipote”.
Familiares de los encarcelados han manifestado que en esa dependencia policial son torturados psicológicamente, y la mayoría se encuentra en mal estado de salud debido al encierro y la falta de recursos básicos para la sobrevivencia.
