Bajo un control absoluto por parte del orteguismo, este domingo 9 de enero, un día antes que el dictador Daniel Ortega jure para su cuarto e ilegítimo periodo en el poder, junto a su esposa y vicedictadora Rosario Murillo, que se impone en un segundo mandato ininterrumpido, tomará posesión la “nueva” Asamblea Nacional que quedará instalada para los próximos cinco años.
Dominada por leales a Ortega, se instala la Asamblea que sesionará al servicio de la dictadura para para el periodo 2022-2027 con 75 escaños para el orteguismo del total de 91 que tendrá el legislativo.
El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido subordinado a los Ortega-Murillo controla esta vez más del 80 por ciento de los escaños del parlamento, que se asignaron en las criticadas votaciones de noviembre pasado y que han sido catalogadas como “el mayor fraude electoral” en la historia de Nicaragua.
Le puede interesar: Dictadura de Ortega se queda con 75 de los 90 escaños en la Asamblea Nacional
El Legislativo nicaragüense, de acuerdo con la Constitución Política, debe estar integrada por 90 diputados, los que deberían ser electos mediante el voto popular, libre, directo y secreto, y dos más por disposición constitucional, que asigna un escaño al presidente saliente y uno más al candidato presidencial que quede en segundo lugar en los comicios,no obstante, el 9 de enero solo se juramentarán 91 legisladores debido a que no hay presidente saliente al imponer su reelección por tercera vez consecutiva el dictador.
Ortega se tomó el parlamento
En un afán por controlar todos los poderes del Estado con miras a consolidar su régimen totalitario, Ortega inició, desde el 2011, una carrera progresiva para apoderarse de la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Cuando regresó al poder en las elecciones del 2006, solo consiguió 38 diputados pero ahora tiene 75.
Para su primer periodo el poder, entre 2007-2012 el dictador gobernó con el 40 por ciento de los escaños legislativos, es decir, los 38 diputados logrados en elecciones, pero ya para las los comicios del 2012, Ortega, mediante el control del CSE, se agenció 63 curules, en su primera reelección, y con ello logró controlar los dos tercios parlamentarios, número suficiente para aprobar las leyes que quisiera sin que nadie se le opusiera. Incluso, podía reformar la Constitución.
Le puede interesar: Parlamentarios internacionales firman carta por «falta de democracia en Nicaragua»
En el 2016 la dictadura logró el control absoluto con 70 escaños, pero la voracidad totalitaria de Ortega no se bastó y, durante las votaciones del pasado 7 de noviembre se asignó 75 curules y solo le dejó 15 para los partidos tildados de colaboracionistas y uno del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que fue colocado en segundo lugar por el CSE.
Algunos analistas políticos han advertido que Ortega, quien ya tenía el control absoluto en el parlamento desde el 2012, en busca de consolidar su proyecto totalitario y “dinastía”, además lleva por segunda vez consecutiva como vicepresidenta a su esposa Rosario Murillo y mantiene en cargos claves en el Gobierno a tres de sus hijos. “Ortega se ha erigido en un “emperador”.
Así se repartieron el parlamento
Según denunció en su momento el excandidato presidencial por el partido Camino Cristino Nicaragüense (CCN) Guillermo Osorno, los resultados de las votaciones de noviembre fueron “manoseados” y pese al alto abstencionismo que superó el 80 por ciento, según el organismo independiente de monitoreo electoral Urnas Abiertas, los jueces electorales orteguistas avalaron la asignación de 15 curules a los partidos zancudos.
El PLC, al que el CSE colocó como segunda fuerza, le otorgó 9 escaños y uno por disposición constitucional (el candidato a la presidencia en segundo lugar), así que contará con 10. A la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) le asignaron 2 curules; al Partido Liberal Independiente (PLI) le agenciaron 2 escaños, mientras que a la Alianza Por la República (Apre) solo le asignaron 1 e igual al partido regional Indígena del caribe Yatama, que solo le dejaron 1. En total, solo 16 diputados no son (oficialmente) del FSLN.
Tanto los diputados que asumirán sus cargos el domingo, como los dictadores Ortega y Murillo que lo harán al día siguiente, asumen sus mandatos bajo señalamientos de “ilegitimidad” por ser mandatos resultados de unas elecciones consideradas “una farsa” porque no cumplió con los estándares mínimos de transparencia, credibilidad y democracia, según la comunidad internacional.
¿Cómo es la “nueva Asamblea Nacional»?
La nueva Asamblea legislativa, que se instaló el domingo, tiene algunos aspectos particulares, por ejemplo, el FSLN tiene 5 diputados más que en el periodo anterior. 36 diputados se sentarán por primera vez en los cómodos sillones del hemiciclo legislativo. 30 de las nuevas caras son fichas orteguistas, 5 del PLC y 1 de la ALN.
Tres diputados tienen 25 años de vivir de ese “trabajo” pagado con el erario, con un salario, estimado en los 90 mil córdobas mensuales. Al finalizar este periodo sumarán 30 años sentados en la Asamblea Nacional. Ellos son, los sandinistas Edwin Castro y Walmaro Gutiérrez, y el otrora liberal y ahora leal a Ortega, Wilfredo Navarro.
Le puede interesar: Interpretando a Daniel Ortega
Además, tres legisladores “ostentan” sanciones de parte de EE.UU, Canadá y la Unión Europea. Los sancionados son Edwin Castro y Walmaro Gutiérrez y el médico sindicalista Gustavo Porras, un leal operador político de los Ortega-Murillo. Todos sandinistas, y fueron incluidos en la lista de “delincuentes internacionales” por impulsar la aprobación de leyes represivas. Porras, con este nuevo periodo, suma 25 años viviendo de su diputación.
