Fuente: CONFIDENCIAL
Redactado por: Esler Sobalvarro
La política de congelamiento de los combustibles en Nicaragua ha dejado al descubierto una alianza turbia entre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y las compañías petroleras privadas Uno Petrol y Puma Energy. Esta alianza se ha convertido en un lucrativo negocio que perjudica a los consumidores nicaragüenses y beneficia a ambas partes, según afirma un economista consultado.
Las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP) en diciembre de 2019 obligaron al régimen a buscar nuevas formas de mantenerse en el negocio de los combustibles. El congelamiento de precios se presentó como una supuesta medida de alivio para los consumidores, pero en realidad ha convertido a Nicaragua en el país con los precios más altos de hidrocarburos en Centroamérica, excluyendo los impuestos.
Un automóvil promedio en Nicaragua necesita desembolsar aproximadamente $45.90 para llenar un tanque de gasolina súper, mientras que en El Salvador, Guatemala y Honduras los precios oscilan entre $38.34 y $39.78. Estos datos revelan la disparidad de precios en la región y señalan la complicidad existente entre el régimen y las petroleras.
Expertos en hidrocarburos y economistas han desmentido los argumentos utilizados por las petroleras y el régimen para justificar los altos precios. Señalan que la diferencia en el tamaño de las economías no puede explicar por sí sola la disparidad de precios, ya que países como El Salvador y Guatemala enfrentan desafíos similares pero mantienen precios más bajos. Además, los estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) indican que Nicaragua cuenta con una capacidad de almacenamiento mayor que otros países centroamericanos, lo que debería traducirse en precios más competitivos.
El economista Enrique Sáenz ha denunciado la complicidad entre el régimen y las petroleras, afirmando que la política de congelamiento de los combustibles ha revelado un «súperfraude». Anteriormente, la DNP-Petronic, controlada por el régimen, era un actor importante en el mercado petrolero nacional y se beneficiaba de los altos márgenes de utilidad. Sin embargo, con las sanciones y la disminución de las operaciones de importación de la DNP-Petronic, Uno Petrol y Puma Energy han tomado el control del mercado, generando ganancias estimadas en $100 millones anuales.
El esquema de congelamiento de precios implica sobreganancias para las petroleras, especialmente en los precios sin impuestos. Durante más de diez años, los precios sin impuestos en Nicaragua han sido sistemáticamente más altos que en los demás países centroamericanos. Esta diferencia se traduce en una considerable suma de dinero extraída de los consumidores y los empresarios, en lo que se ha convertido en un lucrativo negocio para las petroleras.
La política de congelamiento de los combustibles, lejos de beneficiar a los hogares y las empresas, ha revelado una alianza oscura entre el régimen y Petroleras que venden a Nicaragua el segundo combustible más caro de Centroamérica: Un negocio millonario bajo la complicidad del régimen
En un escenario de sanciones y restricciones impuestas por los Estados Unidos, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha encontrado una alianza lucrativa con las petroleras privadas para mantenerse en el negocio de los combustibles en Nicaragua. La política de congelamiento de los precios de los hidrocarburos, presentada como una medida en beneficio de los consumidores, ha revelado su verdadero rostro: Nicaragua se ha convertido en el país con los precios más altos para la compra de combustibles en Centroamérica, sin incluir los impuestos en la estructura de costos. Un informe de Confidencial, basado en testimonios de expertos en hidrocarburos y economistas, desnuda la complicidad entre el régimen y las petroleras, señalando a las empresas UNO y Puma Energy como los principales beneficiarios de esta política.
Las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP) en diciembre de 2019, empujaron al régimen a buscar nuevas estrategias para obtener ganancias en el mercado de los combustibles. Ante la disminución de las operaciones de importación de la DNP-Petronic, Nicaragua se vio obligada a depender de las petroleras privadas, quienes han tomado el control del mercado y se reparten las utilidades derivadas de la política de congelamiento de precios.
El economista Enrique Sáenz, uno de los principales críticos y denunciantes de esta complicidad, expresa que la política de congelamiento de los combustibles ha «desnudado» la estrecha relación entre el régimen y las petroleras. Anteriormente, la DNP-Petronic era un actor importante en el mercado petrolero nacional, pero las sanciones y restricciones redujeron su capacidad de importación a un promedio del 3% del mercado. Esto abrió las puertas para que las petroleras UNO y Puma Energy se convirtieran en los operadores dominantes, controlando la importación de combustibles y la venta al por mayor para el sector industrial en Nicaragua.
Expertos consultados refutan los argumentos esgrimidos por el régimen y las petroleras para justificar los altos precios de los combustibles. Según los personeros del régimen, las economías de los demás países centroamericanos son mayores a la nicaragüense, lo que supuestamente justificaría los precios más bajos en esos países. Sin embargo, el economista Sáenz señala que esta justificación carece de fundamento, ya que países como El Salvador y Guatemala también enfrentan desafíos similares en términos de infraestructura portuaria, pero aún así logran ofrecer precios más bajos que Nicaragua.
La política de congelamiento de precios solo ha beneficiado a las petroleras y al régimen, mientras que los consumidores, empresarios y el presupuesto nacional son perjudicados. Los altos márgenes de sobreutilidad y las sobreganancias de las petroleras han llevado a que Nicaragua pague el segundo combustible más caro de la región, generando ganancias millonarias que se estiman en alrededor de 100 millones de dólares anuales.
