La solicitud dirigida al el Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, Inhumanos o Degradantes explica que los ciudadanos están detenidos por ejercer sus derechos
Emiliano Chamorro Mendieta
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, solicitó una vez más ante el Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, que se liberé a todos los presos políticos que se encuentran en las cárceles de Nicaragua.
La solicitud la hizo la organización política opositora mediante un documento que enviaron a ese organismo internacional del cual el gobierno de Nicaragua es parte.
En el documento, la Alianza Cívica hace una exposición de la manera como el régimen de Daniel Ortega criminalizó y judicializó los derechos ciudadanos para capturarlos o secuestrarlos en complicidad con parapoliciales y la Policía de Daniel Ortega.
«Las personas han sido encarceladas y están siendo judicializada por la criminalización del ejercicio de los derechos humanos, han sido sustraídas de su juez natural, capturadas por órdenes de autoridades sin competencias o secuestradas por civiles armados que operan con la policía, han sido llevadas a centros ilegales donde han permanecido detenidos y la presentación ante las autoridades judiciales es superior a las 48 horas que establece la norma constitucional, en algunos casos después de transcurridas 96 o hasta 150 horas después de su detención ilegal o secuestro», expone la organización.
Asimismo, la Alianza Cívica acompaña su petición la lista de los ciudadanos y ciudadanas detenidas, explicando además, que no está detenidas por cometer delitos sino por ejercer sus derechos constitucionales.
Petición de libertad para presos políticos
«Que en el marco de lo declarado por distintas autoridades de organismos de derechos humanos, en particular la doctora Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos, se demande al estado de Nicaragua la liberación de todas las personas presas políticas, porque han sido capturadas no por haber cometido delitos, sino por ejercer derechos fundamentales y porque la realidad de la pandemia del COVID 19, así lo exige», demandó en el documento la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
