La Administradora de la DEA, Anne Milgram, está siendo investigada por la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia por supuesta corrupción al otorgar contratos millonarios por adjudicación directa a sus antiguos colegas. La investigación se centra en al menos una docena de personas que han sido beneficiadas con estos contratos, incluyendo algunos del círculo cercano de Milgram.
Entre los contratos de la DEA investigados se encuentra uno por 4.7 millones de dólares para realizar «planeación y comunicación estratégica» y reclutar personas que Milgram conoció cuando era fiscal general de Nueva Jersey y profesora de derecho de la Universidad de Nueva York. Los pagos exceden los costos de los trabajos que regularmente desempeñan los 9,000 empleados de la DEA.
Además, se investiga un pago de 1.4 millones de dólares a un despacho de abogados de Washington por un análisis reciente de las operaciones de la DEA en el extranjero. El análisis fue realizado por Boyd Johnson, antiguo colaborador de uno de los amigos más cercanos de Milgram, Preet Bharara, cuando fue el poderoso fiscal federal de Nueva York. Bharara obtuvo un puesto en el despacho, WilmerHale, al mismo tiempo que se realizaba la revisión.
Scott Amey, abogado del grupo apartidista Project on Government Oversight, asegura que algunos de estos tratos parecen muy pantanosos, ya que las reglas para la contratación federal deben conducirse sin tratos preferenciales, evitando incluso la insinuación de un conflicto de intereses. También se prohíbe que los contratistas desempeñen «funciones que corresponden al gobierno», como dirigir a empleados federales.
La investigación se está ampliando y se inició debido a las quejas de los empleados. La Oficina del Inspector General ha estado entrevistando a varias personas y revisando documentos sobre los contratos. Si se confirman irregularidades, el Inspector General puede recomendar sanciones administrativas o incluso acusaciones penales.
La DEA se encuentra en momentos difíciles ya que enfrenta una serie de escándalos sobre conductas irregulares de algunos agentes que han sacudido a la agencia antidrogas. Al mismo tiempo, la agencia tiene que lidiar con una crisis de consumo de fentanilo, que se cobra más de 100,000 muertes por sobredosis al año y que Milgram consideró como «la amenaza de narcóticos más letal que nuestro país ha enfrentado en su historia».
La DEA no permitió que Milgram diera una entrevista o que discutiera la investigación o los contratos específicos, y sólo entregó una declaración institucional por escrito. En ella, la DEA señala que ha actuado con apremio para establecer una nueva visión, apuntar a las redes criminales globales responsables de cientos de miles de muertes de estadounidenses y promover y reclutar a personas altamente talentosas, tanto dentro como fuera de la agencia. La DEA está comprometida a garantizar que trabaje incansablemente para proteger a la población estadounidense.
