Este viernes el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sanciono a la Fiscal General de Ortega, Ana Julia Guido, a Caruna y a su vocero internacional del régimen, Paul Oquist
Emiliano Chamorro Mendieta
Las sanciones aplicadas este viernes por la administración de Donald Trump, al régimen de Daniel Ortega, propina un fuerte revés a la gestión internacional del caudillo sandinista, con la sanción del asesor presidencial, Pail Oquist, quién se había convertido en su portavoz y operador político internacional, por tanto, la capacidad de movilización de Ortega ante la comunidad internacional queda congelada.
Pero además, la sanción le golpea la parte económica al régimen al pasar a la «lista negra» de sancionados la Caja Rural Nacional (Caruna), la cooperativa de ahorro administrada directamente por el régimen Ortega-Murillo.
«La sanción a Paul Oquist, el principal asesor y operador político internacional de Daniel Ortega en el extranjero, es un duro golpe en contra de la dictadura porque lo aísla aún más del concierto internacional; pero además, esta última sanción golpea contundentemente los recursos económicos a la dictadura, al sancionarle a la empresa de ahorro Caruna, con lo cual afecta a la dictadura de movilizar sus recursos millonarios provenientes de la apropiación que hicieron de la cooperación venezolana», asegura el analista político y opositor, José Pallais.
Por su parte, el también analista político, Eliseo Núñez, coincide con Pallais, particularmente en la sanción aplicada a Paul Oquist, asesor de Ortega.
«La sanción a la fiscal general, Ana Julia Guido, es una cuestión simbólica, ya sabemos que caso todo el Estado está sancionado a excepción de la Corte Suprema de Justicia, de modo, que Paul Oquist, es particularmente interesante en esta sanción porque se había convertido en el vocero internacional de Ortega y con esta sanción pues prácticamente la gestión internacional queda reducida drásticamente», afirmó Núñez.
Con las nuevas sanciones ya son 25 los funcionarios orteguistas que pasan a llamada «lista negra» de los Estados Unidos, señalados de actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Las sanciones norteamericanas se dan un día después que el Parlamento Europeo aprobara una contundente resolución en el que le advierte que si no desiste de aprobar unos anteproyectos de ley que atentan contra la libertad ciudadana y los medios de comunicación, así como dirigidas a violentar los derechos humanos, vendrán consecuencias tales como la aplicación de sanciones al propio Daniel Ortega y Rosario Murillo.
